La reforma del sistema de financiación de las pensiones está más lejos. Según ha podido saber este periódico de fuentes presentes en las negociaciones del Pacto de Toledo, el acuerdo por ahora es inviable en el aspecto clave del marco, el de la separación de fuentes.
El enconamiento entre unos partidos y otros ha motivado que todos pacten saltar ese espinoso asunto para buscar acercamientos en otras cuestiones de menor calado, como la de la extracción de la Seguridad Social de las bonificaciones a la contratación; la adecuación de las bases y periodos de cotización; los incentivos al empleo; o la información al ciudadano.
Todo ello aboca al sistema a meras reformas cosméticas que mitiguen levemente el desvío presupuestario. Entre ellas, la de sacar de la Seguridad Social la financiación de las medidas para fomentar los contratos en la empresa privada; o la inclusión del factor de sostenibilidad de las pensiones en los cálculos ofrecidos al ciudadano para que conozca los derechos que está adquiriendo de cara a su retiro.
Poco más, por ahora, pese a que la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, urgió a los parlamentarios a revisar todas las recomendaciones antes de que finalizara el año 2017.
"El desacuerdo es total en cuanto a la separación de las fuentes o el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones", admiten desde Ciudadanos, partido en el que son negativos respecto a una reforma de calado en los próximos tiempos. Sí hay acercamiento en la posibilidad de o bien pagar a través de diferentes fuentes las pensiones contributivas y no contributivas; o de extraer Viudedad y Orfandad de la Seguridad Social para cargarlas en el Presupuesto. Sin embargo, los partidos no se ponen de acuerdo en el modo en que se financiarían esas cantidades a cargo de las Cuentas, con el PSOE de Pedro Sánchez sugiriendo recargos en los impuestos a las rentas altas y el PP sin clarificar cual sería su postura.
"Pero mientras, tenemos a los socialistas queriendo derogar la reforma de pensiones de 2013 y a Podemos apoyando eso y además eliminar la que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero en su día, por lo que el acuerdo ahora es imposible", insisten en la formación naranja.
Un proceso que se alarga
El pesimismo es compartido por el PSOE. Desde este partido confiesan a elEconomista que la fase actual de revisión de las recomendaciones de los diferentes grupos para reformar el sistema "puede alargarse uno o dos años". Un horizonte aún lejano que condena al Estado a seguir, como ha hecho en 2017, con la fórmula del préstamo a la Seguridad Social como solución coyuntural para el pago íntegro de las pensiones.
Todo ello, además, cuando la hucha solo cuenta con 11.602 millones de los casi 67.000 que llegó a albergar en 2011; y con un gasto que se incrementa a un ritmo aproximado de 4.500 millones, lo que anticipa préstamos mayores a los de este año y, por tanto, más necesidad de endeudamiento público.
La situación, admiten desde el Pacto de Toledo, no es grave a corto plazo. El déficit es asumible porque la economía crece y también lo hacen las cotizaciones, que irán cerrando el agujero muy poco a poco. El problema reside a medio y largo plazo, con una OCDE recordando este mismo viernes que un 40% de la población española tendrá más de 65 años en el año 2050.
El problema es que posponer soluciones implicará tomar "medidas duras de golpe", que pueden provocar una gran resistencia e incomprensión por parte de la sociedad.
