El procés independentista en Cataluña ha provocado fracturas entre algunas de las sagas familiares más relevantes de esta comunidad autónoma, obligando a unos y otros a tomar partido de una forma clara y contundente. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el matrimonio formado por Sol Daurella, la presidenta de la embotelladora Coca-Cola European Partners, y su marido, el empresario Carles Vilarrubí.
Aunque vinculada tradicionalmente al nacionalismo catalán, Daurella ha optado desde hace tiempo por desvincularse por completo del movimiento separatista. Ya en 2016, descartó Barcelona y eligió Madrid como sede de la nueva compañía, resultado de la fusión de las grandes embotelladoras europeas, ante la presión secesionista.
El pasado mes de enero, además, abandonó Diplocat, un ente soberanista impulsado por la Generalitat, al que se había unido tan solo dos meses antes. Daurella se había incorporado a su consejo consultivo, pero ante la polémica generada y después de que se le acusara desde distintos frentes de dar alas al proceso independentista lo abandonó. El objetivo de Diplocat, extinguida por aplicación del artículo 155, era promover la imagen de una Cataluña independiente en el exterior.
Es justo lo contrario a la postura que está adoptando su marido. Vilarrubí mantiene una línea dura, proclive a la ruptura unilateral con España, hasta el punto de que, el pasado 20 de septiembre, su posicionamiento político le costó el puesto como vicepresidente y miembro del consejo de administración del banco de negocios Rothschild. La entidad que dirige en España Iñigo Pañeda le destituyó para que su imagen no se viera deteriorada.
Pero, lejos de alejarse de la ofensiva soberanista, Vilarrubí fue un paso más allá y el 2 de octubre dimitió como vicepresidente del FC Barcelona, después de que el club se negara a suspender el partido en señal de protesta por las cargas policiales durante el referéndum ilegal.
Codorníu y Unipost
Otra de las familias donde el procés ha abierto una factura es entre los Raventós, los dueños de Codorníu. Aunque el fabricante de cava -con su presidenta, María del Mar Raventós al frente- ha defendido en todo momento su españolidad, posicionándose públicamente en contra de la independencia, trasladando incluso su sede social a la localidad riojana de Haro, dos de sus accionistas minoritarios, Antón Raventós y Pablo Raventós, colaboraron con la Generalitat en la organización del referéndum ilegal. Antón Raventós Raventós es presidente de Unipost y Pablo Raventós miembro de su consejo de administración y desde su empresa, sin ninguna vinculación mercantil con Codorníu, repartieron material censal para el referéndum.
La Guardia Civil se incautó en su sede notificaciones de configuración de las mesas electorales, aunque Unipost defendió después que solo cumplía con un contrato previo con la Generalitat.
El diario 'Ara'
Otra de las rupturas, aún menos palpable públicamente, es la de Artur Carulla, el presidente de Agrolimen, la empresa propietaria de Gallina Blanca, y su socio Fernando Rodès. Tanto Carulla como Rodès fundaron y participan ahora juntos en el diario independentista Ara, firme defensor de la ruptura con España y uno de los grandes valedores del referéndum ilegal.
Sin embargo, mientras que Carulla, que en un principio apoyó al expresident Artur Mas y su giro hacia la independencia, se ha desmarcado de una forma evidente de los círculos separatistas, negándose a dar apoyo a Puigdemont, Rodès, que es presidente del periódico, mantiene una línea más próxima a las tesis nacionalistas. Aunque él se ha pronunciado personalmente en contra de la DUI, el periódico mantiene una línea dura y sigue considerando a Puigdemont presidente.