Las Administraciones repartieron, a lo largo de 2016, casi 11.300 millones en subvenciones de todo tipo. Una cantidad "ni grande ni pequeña" de no ser porque los expertos alegan problemas de transparencia y justificación, especialmente en las esferas autonómica y local. Un hecho relevante teniendo en cuenta que el capítulo de subvenciones es el quinto más caro para el sector público.
En concreto, y según datos de los Presupuestos del Estado 2016 y del plan presupuestario 2018 remitido a Bruselas, las pensiones siguen suponiendo la mayor porción de gasto, con cerca de 140.000 millones. Le sigue la remuneración de funcionarios, que supera los 121.000 millones; la partida de intereses de deuda, de más de 31.405 millones; y la de desempleo, de 18.600 millones el año pasado. Después, y en quinto lugar, aparecen las subvenciones, con 11.299 millones.
De esa cantidad total, 5.121 millones fueron repartidos por el Estado, mientras que las autonomías concedieron 2.500 millones y las corporaciones locales, 1.470. La Seguridad Social también las otorgó, por valor de 2.100 millones.
En 2017, y pese a la ausencia de Cuentas Públicas hasta julio, el volumen de subvenciones repartidas por las distintas administraciones apenas se reduce. Según el citado plan presupuestario, se han concedido un total de 5.580 millones.
Más supervisión
"Es una cifra respetable", asegura Valentín Pich, presidente del Consejo de Consejo General de Colegios de Economistas, quien aún así no quiere valorar si excede lo debido. "Lo importante es que quede justificado por qué se concede una subvención, que al fin y al cabo va a provocar una distorsión en la economía de mercado". Él cree que las subvenciones deben llegar a ámbitos donde se compruebe que esa economía de mercado no funciona bien, aunque prefiere no juzgar algunas ayudas de las que hoy por hoy se conceden.
Larga es la polémica en torno a las subvenciones a las renovables, con economistas como Daniel Lacalle recordando el déficit de tarifa como un "monstruo" creado con ayudas. O las otorgadas al carbón, más de 750 millones anuales según un informe de la organización Overseas Development Institut y por el que ponen gritos en el cielo desde los liberales hasta Greenpeace.
Pero, más allá del destino, el profesor del Centro de Estudios Financieros Alfredo Suaz González insiste en que lo que necesita el sistema es "mayor racionalización y control". "La cifra en sí, 11.300 millones, no sería un problema siempre que exista racionalizacion en su concesión y control en la utilización". El problema, a juicio de este experto, es que la canjtidad engloba subvenciones no solo del Estado, "las más rigurosas en su control", sino también de autonomías y municipios, "donde el seguimiento, planificación y ese control es más difuso". Pich también se refiere a las esferas autonómica y local y cita casos como el de algunos medios de comunicación: "¿Qué son algunos periódicos locales sino altavoces del ayuntamiento en manos del político de turno?", esgrime.
Suaz sería partidario de una reforma de la Ley General de Subvenciones que impidiese que una subvención pública financiase al 100% una actividad y reservase, por tanto, una porción a la coofinanciación privada. La ley, además, debería otorgar un mayor poder de control a la Intervención General del Estado (IGAE), "incluso para que pueda exigir el reintegro de cantidades cuya percepción o destino haya quedado acreditado que fue fraudulento". Eso hubiera evitado, o al menos mitigado, escándalos como el ERE en Andalucía o el de la formación en Madrid (caso Aneri).
Pich, por su parte, cree que las leyes deben exigir que la AAPP justifique "correctamente" cada subvención y demuestre "un esfuerzo brutal de conocimiento" del ámbito en el que la va a aplicar. "Las subvenciones, por sí mismas, no tienen por qué ser negativas", concluye.
Por ahora, el Gobierno no tiene previsto tocar la ley, pero ha encargado a la Autoridad Fiscal, AIReF, un análisis del mapa de subvenciones de las AAPP para que a finales de 2018 emita un informe trazando un análisis de impacto y formulando recomendaciones para mejorar procedimientos de concesión.