Más allá de la incertidumbre que supone la deriva independentista en términos de división social en Cataluña, y en menor medida en el resto de España, el conflicto generado por el Govern de la Generalitat ya tiene efectos colaterales en la política nacional. Así, la escalada de tensión de las últimas semanas ha supuesto un freno en seco de la actividad parlamentaria y de la agenda reformista del Gobierno.
Sin ir más lejos, el anuncio de los Presupuestos Generales de 2018, la llave para encarar todas las reformas previstas para el próximo año, se ha estancado entre los condicionantes del PNV a su apoyo al Ejecutivo en función de su actuación en la crisis de Cataluña. Así, lo que parecía un mero trámite para el presidente Mariano Rajoy y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, puede complicarse. Para empezar, la presentación del anteproyecto se ha retrasado una semana, hasta el próximo día 29.
De hecho, en estos momentos, Ciudadanos es el único de los grupos que apoyaron las Cuentas de 2017 que ha hecho público su respaldo a la tramitación de las del año próximo, ya que, aparte del desembarco del PNV, ni Coalición Canaria ni Nueva Canarias han confirmado aún su voto afirmativo.
En principio, y por ley, el Ejecutivo debe presentar los Presupuestos en el Congreso el día 30, si bien las normas admiten excepciones como la acontecida el año pasado, cuando el desgobierno paró por completo la actividad en el Congreso. Mariano Rajoy podría también optar por prorrogar las Cuentas, aunque no parece que le vaya a resultar necesario: el PNV necesitará al PP para sacar adelante sus Presupuestos en el País Vasco.
No obstante, la incertidumbre por Cataluña ha dejado en el tintero un reguero de medidas de calado que debían estar aprobadas antes de 2018. Es el caso de la financiación autonómica. Esta semana, el ministro Luis de Guindos tendió la mano al Gobierno de Carles Puigdemont al asegurar que "una vez se abandonen los planes de independencia" se abriría la puerta a una renegociación financiera de la región, aunque dentro del marco Constitucional.
De este modo, el mandato de la última Conferencia de Presidentes autonómicos de culminar un acuerdo de reforma este 2017 parece ahora supeditado a la solución de la crisis catalana, teniendo en cuenta las pretensiones del titular de Economía de involucrar al Govern en la negociación del nuevo reparto.
Además, fuentes del departamento de Guindos han explicado a este diario que la reforma de la regulación empresarial, que busca incentivar el incremento del tamaño de las compañías y que el ministro del ramo procuraba hacer efectiva a finales de año, se ha frenado por la cuestión catalana y podría cerrarse a inicios de 2018. Estas fuentes también advierten de la probabilidad de que el anuncio del anteproyecto de Ley Hipotecaria que De Guindos aseguró esta semana tendría lugar el día 29, se produzca con posterioridad, ya que es un día susceptible de ser reservado para el anuncio de Presupuestos.
Las pensiones, el gran reto
Otra de las cuestiones de calado que puede verse afectada por el monopolio político de la cuestión catalana es la reforma del sistema de pensiones y de una Seguridad Social que cerrará este año con 18.000 millones de déficit. Así, este acuerdo, esperado para este año, se encuentra en punto muerto, a la espera de finalizar la revisión de recomendaciones que, según el grupo socialista en el Pacto de Toledo, "podría retrasarse bastante".
Más allá, las medidas urgentes para sostener las cuentas del organismo (separación de las fuentes de financiación y eliminación de bonificaciones a la creación de empleo), que pretendían ser incluidas en el Presupuesto, podrían aprobarse en el mismo, o en caso de prórroga, a una actuación unilateral del Gobierno.
Por último, el régimen sancionador de la Ley de Morosidad, en trámite parlamentario con la previsión de entrar en vigor este mes, ha visto prorrogado el periodo de enmiendas y "podría verse dilatado" por el nuevo "orden de prioridades del Parlamento", según confirman a elEconomista desde la Plataforma contra la Morosidad.
