Las negociaciones de la ruptura entre Reino Unido y la Unión Europea se encuentran bloqueadas, como los grandes divorcios, por motivos económicos. Ambos mantienen sus cartas bajo llave, conscientes de que quien mueva ficha primero se arriesga a quedar expuesto no solo ante su rival, sino ante una audiencia continental. Los responsables de cada bando mantienen las formas, pero la frustración aumenta a medida que se acerca octubre, el primer desafío temporal de un proceso que, a priori, debería estar completado en marzo de 2019. El Banco de Inglaterra no subirá tipos hasta 2019.
Después de que la tercera tanda de conversaciones concluyese "sin progresos suficientes", en palabras del negociador jefe de la UE, Michel Barnier cree improbable poder recomendar en el Consejo Europeo del próximo mes pasar a la segunda fase: la del futuro encaje comercial. El frente comunitario imputa a Londres una ambigüedad intencionada, pero la contraparte británica denuncia la inflexibilidad de Bruselas y el excesivamente estrecho margen de maniobra de Barnier y su equipo para explorar soluciones prácticas.
A la espera de que se haya aprendido la lección de los infructuosos encuentros hasta la fecha, el debate se ha enrocado en una batalla dialéctica en la que Reino Unido pide "imaginación" y el exministro francés cuestiona sus apelaciones en un contexto de opacidad: "Me piden que muestre flexibilidad, pero se necesita empezar con una posición clara", es decir, con concreciones sobre los compromisos "legales y morales" que el Gobierno está dispuesto a asumir.
El Ejecutivo británico es, teóricamente, a quien más le urge hablar de la futura relación, puesto que el tiempo avanza en su contra. Sin embargo, la rigidez de sus todavía socios, que exigen resolver primero ciudadanía, frontera con Irlanda y factura, se atraganta para un gabinete en minoría, sustentado por un partido conservador muy dividido en materia de salida y sabedor de la complicación de vender cualquier cifra ante su audiencia doméstica.
De ahí que Reino Unido se haya anticipado a cualquier propuesta oficial con un argumento debatible, pero robusto. En su opinión, ya que los compromisos financieros en el seno de la Unión solo pueden materializarse como obligaciones vinculantes mediante cada presupuesto anual, las responsabilidades con la UE deberían concluir con la propia salida, puesto que solo se aplican a los estados miembros. El bloque, por el contrario, mantiene que Londres debe cumplir con todos los gastos de futuro que había asumido, puesto que no puede esperar que Veintisiete Estados tengan que afrontar ahora su parte.
La polémica está servida. Si hay algo que una notablemente debilitada Theresa May necesita mostrar ante la ciudadanía es liderazgo, por lo que evidenciar una cierta claudicación en el ámbito financiero no entra en sus planes. El conocido como ministro del Brexit ha preparado el terreno al reconocer públicamente que "los contribuyentes británicos no esperan menos que dureza" en el control "línea por línea" de lo que exija la UE y su equipo ha expuesto ya en Bruselas su prisma legal para desafiar cualquier cuantía que considere excesiva.
Su argumentación se basa en que el instrumento de planificación presupuestaria de la UE a largo plazo no es vinculante. Por ello quiere conocer cada una de las demandas, con el objetivo de determinar cuáles corresponderían a un panorama post-Brexit y, por ello, carecerían de validez legal. Así, aunque Londres reconoce que tiene obligaciones, su estrategia pasa por no especificarlas para forzar al bloque a hacerlo para, a partir de ahí, cuestionar las que considera que no serían ya su competencia.
El razonamiento ha exasperado y confundido a su interlocutor, que cree que este cambio táctico amenaza con retrasar aún más el proceso. El propio Barnier se lamentaba la semana pasada de que si en la ronda de reuniones anteriores Reino Unido "había reconocido que tenía obligaciones más allá de la fecha del Brexit", en la última celebrada hasta ahora decidió que "estas obligaciones quedarían limitadas al último pago al proyecto de la UE antes de su salida".
La jugada es arriesgada para el Gobierno británico. El negociador comunitario la ha considerado suficientemente grave como para descartar que en octubre pueda recomendar pasar a la siguiente fase. Sin embargo, de lograr reconocimiento legal, Londres se anotaría un tanto crucial para afrontar la verdadera negociación, que no es otra que la de su futuro encaje en el mayor bloque comercial del mundo.
