La primera ronda real de negociaciones de la salida de Reino Unido de la Unión Europea ha demostrado que el verdadero obstáculo se encuentra al norte del Canal de la Mancha. La lógica política apuntaba a que las imposiciones de Bruselas constituirían la traba principal para el acuerdo, pero la práctica evidencia que la división del Gobierno británico será el auténtico caballo de batalla de un proceso sin precedentes ante el que Londres aparenta ignorar que se juega más que sus futuros ex socios.
La cuenta atrás para abandonar el bloque comenzó oficialmente en marzo, nueve meses después de un referéndum resuelto por poco más de un millón de votos de diferencia, pero Reino Unido parece tan preparado para el divorcio como lo estaba antes de la histórica votación del 23 de junio de 2016.
Los responsables de la negociación comunitaria fueron testigos directos de la parálisis que atenaza a su interlocutor, que no solo carece de hoja de ruta, sino que mostró una férrea determinación a airear públicamente sus discrepancias.
Las disparidades constatadas en la tanda de conversaciones que los mantuvo ocupados la semana pasada palidecen al lado de las divergencias que enfrentan a los primeros espadas de un ejecutivo desprovisto de liderazgo y sobrecargado de ambiciones sucesorias.
El vacío de poder generado por el resultado de las generales del mes pasado, en las que Theresa May perdió una mayoría absoluta que aspiraba a reforzar, ha generado el caldo de cultivo para maquinaciones de corte shakespeariano en las que los ministros directamente relacionados con el divorcio se han embarcado en una lucha cainita que amenaza con provocar la caída del gobierno y, por extensión, el descarrilamiento de la ruptura con la Unión Europea.
Un futuro incierto
El problema es que este desenlace no paralizaría la salida, como desearían no pocos diputados y, según las encuestas, cada vez mayor porcentaje de la ciudadanía, sino que tan solo la convertiría en caótica. La reapertura de heridas nunca cicatrizadas provocada por el plebiscito en un Partido Conservador históricamente dividido en materia de Europa ha transformado la dolencia en crónica y su metástasis llega hasta el Parlamento, donde la minoría de los tories no hace más que añadir munición a la discordia que separa a los partidarios de mantener lazos lo más estrecho posibles con Bruselas, al punto de diluir el Brexit, de aquellos que aspiran a la más radical de las separaciones.
Como consecuencia, el Ejecutivo se ha convertido en un hervidero de intrigas que impiden presentar un máximo común denominador ante la UE, que asiste con estupefacción a la falta de preparación por parte de quien ha decidido abandonar, a pesar de los 97 cerebros que tiene exclusivamente dedicados a la titánica negociación.
La frustración en la contraparte comunitaria fue patente la semana pasada, cuando Michel Barnier, jefe de la delegación, exigió a Londres "claridad" en ámbitos clave para garantizar un mínimo progreso, como qué cantidad está dispuesto a asumir para la factura del divorcio.
Fuentes próximas citadas por la BBC hablan ahora de entre 30.000 millones y 50.000 millones de euros, pero el ministro del Brexit ha reconocido que el debate al respecto de este asunto fue "fuerte". El aspecto positivo para Bruselas es que el primer Estado miembro que decide romper se ha convertido en el arquetipo de los perjuicios de abandonar y, como resultado, en el agente disuasorio más eficaz ante la tentación de seguir el ejemplo británico.
Los temores de un potencial efecto contagio que atormentó a la cúpula comunitaria quedaron sofocados ante el bloqueo político provocado por el referéndum y la falta de consenso acerca de a qué fórmula aspira Reino Unido, una vez roto un matrimonio de conveniencia de más de cuatro décadas.
Las diferencias son de raíz y afectan a la transición misma de una empresa nunca acometida. Si la entrada en el bloque ha requerido de siete años de adaptación, ahora el núcleo eurófobo aspira a que la salida apenas tenga transición, pese a los certeros daños económicos. Por ahora, 4,1 millones de euros en costes legales.
