El entramado legal en torno al referéndum de ruptura que planea el Gobierno catalán se complica, atendiendo a los precedentes que está sentando la consulta del 9-N.
Además de las multas y las penas de inhabilitación impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau -y Francesc Homs por el Supremo- ahora el Tribunal de Cuentas ha iniciado los trámites para que se investigue si malversaron fondos durante la consulta. El miércoles, la consejera de cuentas Margarita Mariscal de Gante y Mirón solicitó que se nombrara un delegado instructor para que se investigara.
En el auto, Mariscal de Gante y Mirón señala que se han rechazado las argumentaciones de la Generalitat para desestimar la investigación. El Gobierno catalán había argumentado que "los pagos cuestionados contaron con suficiente cobertura institucional". La consejera destaca que la Generalitat no cuestiona "la realización con fondos públicos de los gastos a los que se refiere el escrito de acción pública, sino que se defiende, con extensos y elaborados razonamientos la corrección jurídica de dichos pagos y la inexistencia del elemento subjetivo de la responsabilidad contable en las personas señaladas por la denuncia".
Sociedad Civil Catalana (SCC) y Abogados Catalanes por la Constitución denunciaron que para la organización de la consulta del 9-N, que también fue declarada inconstitucional como la prevista para el próximo 1 de octubre, Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs habían utilizado fondos públicos. En concreto, calculan gastos por aproximadamente 5,12 millones euros. Los más cuantiosos fueron los relacionados con la compra de ordenadores y el apoyo informático, que rozaron los 3 millones de euros.
El auto no recoge la cantidad exacta que podría reclamarse a cada uno de los posibles investigados, pero la cifra es alta si se compara, por ejemplo, con la declaración de bienes más reciente de Artur Mas. A 10 de junio de 2015, el expresidente catalán contaba con bienes valorados por alrededor de 600.000 euros. Así, su patrimonio apenas sería suficiente para cubrir un 11,8 por ciento de la hipotética responsabilidad patrimonial que derivara de la consulta. Por su parte, Irene Rigau contaría con inmuebles y activos financieros por 182.000 euros, de acuerdo con la última información disponible.
Francesc Homs, según los datos comunicados al Congreso, contaría con unos 17.000 euros en cuenta corriente y con el 50 por ciento de una vivienda, de la que no se especifica el valor.
Diluir la responsabilidad
La denuncia de SCC y Abogados Catalanes ha puesto sobre la mesa una nueva vía de posible responsabilidad económica en el caso de que el gobierno catalán lleve adelante el referéndum del 1-0. En este caso, además, las partidas presupuestarias reservadas para procesos electorales también han sido suspendidas por el Tribunal Constitucional. Por ello, Junqueras ha forzado que las órdenes que impliquen avanzar en el referéndum se firmen colegiadamente.
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