El Brexit afronta a partir de esta jornada la auténtica hora de la verdad, trascurridos casi trece meses desde que el 52% del electorado británico decidiese romper una sociedad sellada en 1973.
Por primera vez tras el encuentro inicial de los jefes de la negociación por ambos bandos el 19 de junio, las delegaciones de Reino Unido y de la Unión Europea abordarán formalmente a lo largo de esta semana el arranque de un maratoniano proceso no solo sin precedentes, sino sin hoja de ruta aparente por parte de quien decidió romper un país que, ante la falta de hegemonías en el Parlamento certificada en las generales de junio, carece también del liderazgo necesario para dirigir el divorcio.
Aunque la salida del bloque tiene connotaciones más allá de la política doméstica, el terremoto electoral sacudió la forma y el contenido de un curso al que Londres, en principio, concurría con la receta prescrita por Theresa May en enero, cuando confirmó su apuesta, por lo que se ha dado en denominar, erróneamente para muchos, un Brexit duro, la fórmula que implica abandonar el mercado común, la unión de aduanas, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia, y la instauración de un férreo control de la inmigración.
May a la deriva
El varapalo sufrido por los conservadores en las urnas se atribuyó exclusivamente a la desastrosa campaña protagonizada por la primera ministra, una conclusión con una doble lectura para una formación en las que se reabrieron las heridas nunca cicatrizadas en materia europea. La corriente favorable a mantener estrechos lazos con Bruselas cree que el veredicto electoral constituye una moción de censura de la ciudadanía a la propuesta de May para la ruptura, pero el sector más eurófobo no está dispuesto a recular y prevé fiscalizar los compromisos que la mandataria pueda asumir en Bruselas.
El conflicto halló una oportunidad en la debilidad de la premier, ya que ambas facciones la aprovecharon para reivindicar abiertamente sus postulados, conscientes de que May carece de autoridad para imponer disciplina interna.
Como consecuencia, el Gobierno transmite mensajes contradictorios que van desde la admisión del ministro de Exteriores de que no hay planes de contingencia para un potencial escenario de no acuerdo, pese a que el titular del Brexit mantuvo lo contrario; hasta la connivencia del jefe del Tesoro a prolongar los acuerdos transicionales, una vez consumada la salida, frente al convencimiento del secretario de Comercio Internacional de que podrá negociar pactos bilaterales en 2019.
El resultado es inquietante para una plaza que empieza ahora a sufrir las implicaciones del desenlace del plebiscito comunitario. Aunque en principio la economía había resistido el golpe, un empaque que provocó el triunfalismo en la corriente anti-EU, los últimos meses evidencian que la resiliencia inicial estaba más relacionada con el hecho de que, más allá de la votación, nada ha cambiado, que con la inmunidad de la segunda potencia del continente, que registra una caída de sueldos en términos reales y un notable recorte del crecimiento.
De ahí que las perspectivas ante esta primera ronda de negociaciones sean mixtas: si bien la reciente evolución debería persuadir a Reino Unido de la necesidad de maximizar los recursos para proteger su economía, y la proximidad al mercado común y a la unión aduanera semejarían los instrumentos de referencia, la división existente no ya en la sociedad británica, sino del Gobierno, impide un frente de unidad que garantice las respuestas demandadas por Bruselas.
La vulnerabilidad de May solo empeora la situación, puesto que los Veintisiete se encuentran sin interlocutor claro ante la multicefalia que caracteriza a un nuevo Ejecutivo británico en minoría.
Entretanto, el ministro de Economía, Philip Hammond, aseguró ayer que el Gobierno británico está de acuerdo en que es necesario negociar con la UE un periodo de transición para después del Brexit, que debería materializarse el 29 de marzo de 2019.
