Grabado a fuego está el hartazgo fiscal de los franceses que tan caro pagaron los predecesores del presidente de la República. En este contexto, Emmanuel Macron ha decidido finalmente iniciar en 2018 la reforma del Impuesto sobre la Fortuna (ISF) y la eliminación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para el 80 por ciento de los franceses.
Les Échos recuerda los diez días de zigzagueo fiscal del Ejecutivo, que le condujeron, en un primer momento, a retrasar el calendario de reformas tributarias, antes de regresar a los compromisos iniciales por la presión de los apoyos más liberales del presidente y de parte de sus seguidores. Este martes, el primer ministro Édouard Philippe remitirá a las comisiones de finanzas de la Asamblea Nacional y del Senado un proyecto presupuestario plurianual que respetará el umbral del 3 por ciento de déficit e iniciará las bajadas de impuestos deseadas por el presidente Macron. La factura de estas bajadas de impuestos se eleva a 6.000 millones de euros, suma a la que hay que añadir los 7.000 millones decididos en el anterior quinquenio. Con todo, el Ejecutivo ha renunciado a realizar un ahorro adicional, lo que debería generar mecánicamente una estabilización del déficit hacia el 3 por ciento en 2018.
"El compromiso del presidente de la República no ha sido objeto de discusión dentro del Gobierno para saber a partir de cuándo debía llevarse a cabo", comentó El Elíseo el lunes. Sin embargo, sobre la cuestión del calendario de la reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reforma del ISF sí existe una evolución notable entre el discurso sobre política general del pasado martes de Edouard Philippe -dando a entender claramente un escalonamiento en el tiempo de estas reformas- y la decisión tomada el domingo por la tarde por Emmanuel Macron, planteando llevarlas a cabo en 2018.
Alza de la contribución social
Al presentar para el próximo año una subida segura -la de la Contribución Social Generalizada (CSG), impuesto destinado a la financiación de la protección social - y bajadas que se han vuelto aleatorias, el Ejecutivo se ha dado cuenta rápidamente de la incomodidad de su situación. Emmanuel Macron no ha tardado en reaccionar. Las dos medidas tributarias se pondrán en marcha a partir del año que viene, a pesar de un entorno presupuestario más limitado de lo previsto.
Matignon habla de un "choque de confianza" necesario. No estaba rota, pero la confianza había disminuido tras el discurso de Edouard Philippe. "Nos hacía partir de la base de que debíamos mantener el rumbo sobre la eliminación del IBI. Nos dábamos cuenta de que enviábamos una mala señal a los franceses aumentando la CSG sin contrapartida, como se prometió durante la campaña", apunta el diputado por París, Sylvain Maillard.
El hartazgo fiscal, del que tanto sufrieron en su momento Nicolas Sarkozy y François Hollande, ha vuelto a la memoria del Ejecutivo. Varios diputados han observado reacciones "muy negativas" con el anuncio del aplazamiento (percibido como tal) de la eliminación del IBI. Es una medida estrella del programa de Macron: durante toda la campaña, el candidato de En Marcha no dejó de vilipendiar un impuesto injusto, que golpea más duramente a las clases medias. Al retrasar la puesta en marcha de su eliminación para el 80 por ciento de los hogares, corría el riesgo de dejar malparado todo su discurso sobre el regreso de la credibilidad de la palabra pública y su voluntad de reformar.
"Macron podía elegir entre dos inconvenientes: un tijeretazo en su programa o tener un ejercicio presupuestario más complicado", apunta un parlamentario. Fueron numerosos los parlamentarios y apoyos del movimiento en reaccionar positivamente ante este anuncio, más fácil de apoyar que el discurso del rigor lanzado por Edouard Philippe.
¿Qué pasa con el pago único?
La suerte del pago único (PFU) sobre las rentas de capital no estaba aún decidida el pasado lunes por la tarde. Algunos, dentro del Ejecutivo, plantean su puesta en marcha también en 2018, y Matignon argumentaba una aceleración del calendario respecto "especialmente" del ISF y del Impuesto de Bienes Inmuebles, dejando abierta la cuestión para otras medidas.
En cualquier caso, el episodio encendió a la oposición, tanto de izquierda como de derecha. "Estamos ante un Gobierno de comunicación pero también un Gobierno de improvisación al que, en realidad, le cuesta mucho hacer frente a las exigencias que él mismo planteó", subrayó Olivier Faure, cabeza de fila de los diputados socialistas. Por su parte, el diputado de LR (Los Republicanos), Eric Cotti, acusó al Ejecutivo de gobernar "en función de los sondeos de opinión".
Por su parte, según algunos parlamentarios que le vieron este lunes, Edouard Philippe no se sintió ofendido por esta decisión del jefe del Estado. Demuestra que las resoluciones importantes siempre se toman en El Elíseo, lo que ya anunció Emmanuel Macron durante la campaña. Sobre este punto, nada nuevo.
Trampas de la reforma del ISF
La definición del ámbito imponible del futuro impuesto sobre la fortuna inmobiliaria levanta numerosas cuestiones sobre los bienes vinculados a sociedades.
La reforma del impuesto sobre la fortuna se iniciará en 2018. Para los equipos de Bercy (sede del Ministerio de Hacienda francés), empieza lo más difícil.
Sobre el papel, el objetivo de la reforma está claro: sacar todos los valores mobiliarios (acciones, obligaciones, seguros de vida?) del ISF -rebautizado de paso como Impuesto sobre la Fortuna Inmobiliaria, o IFI- para reorientar el ahorro hacia el sector productivo. Tipos, umbrales y techos no deberían cambiar. Pero, especialmente a ojos del Medef (Mouvement des Entreprises de France, la organización patronal francesa), se plantea una pregunta. ¿Será el IFI un nuevo impuesto o una versión revisada y corregida del actual ISF?
¿Lavado de cara o tabla rasa?
Los empresarios temen que, en el segundo caso, Bercy plague la exoneración de los valores mobiliarios de un montón de excepciones. "Presionamos para hacer tabla rasa del pasado y, desde este punto de vista, estamos bastante tranquilos", subraya Geoffroy Roux de Bézieux, vicepresidente del Medef.
A continuación, queda por determinar el ámbito del futuro IFI, porque no todo el patrimonio inmobiliario es igual. "Como siempre en cuestiones tributarias, el asunto está en los detalles", advierte Dominique Villemot, socio del despacho de abogados CVNA. Para el Medef, el límite deseado es claro: sólo deben tributar las residencias principales o secundarias en disfrute, no los inmuebles "productivos" vinculados a una actividad profesional.
Los bienes inmuebles de disfrute deberían permanecer lógicamente dentro del ámbito del IFI. Para el resto, la cuestión es más compleja. ¿Qué ocurrirá con las inversiones en vivienda de alquiler? Estos sistemas, que ofrecen ventajas fiscales a cambio de alquileres moderados, están incluidos en el ISF en función del valor del inmueble. ¿Lo estarán en el futuro?
¿Qué suerte correrán asimismo las sociedades con preponderancia inmobiliaria, es decir, aquellas cuyos bienes inmuebles constituyen más de la mitad del activo bruto? Un grupo de bienes que incluye especialmente a las SCI (Sociedad Civil Inmobiliaria). ¿Tributarán los títulos de estas sociedades? La cuestión interesa a un buen número de empresarios. En el caso de los hosteleros, por ejemplo, el inmueble suele estar separado jurídicamente del fondo de comercio, con un contrato de arrendamiento entre ambos, con objeto de proteger el patrimonio familiar.
Finalmente, el último caso es el de los bienes inmuebles de "papel", es decir, el de las inversiones en organismos de inversión colectiva en el sector inmobiliario. Por naturaleza, son valores intercambiables, por lo tanto mobiliarios. Incluidos en el ámbito del ISF, no deberían estarlo lógicamente en el del IFI. Para Dominique Villemot, "esto está por decidir".
De las respuestas a estas preguntas dependerá la del coste de la reforma. Durante la campaña, los equipos de En Marcha adelantaron la cifra de 2.000 millones, frente a los 5.500 millones que ingresa el ISF anualmente. El Ministerio de Hacienda cuenta con unos 3.000 millones de pérdida de ingresos para las arcas públicas. Pero todo dependerá del ámbito preciso del IFI.