La inversión en infraestructuras proyectada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 ha agotado la paciencia de políticos, empresarios y ciudadanos de las comunidades del Arco Mediterráneo, acostumbrados a recibir el peor trato entre las autonomías en este ámbito. Si este año es la Comunitat Valenciana la que ocupa el último lugar en inversión en obra pública por habitante, con 119 euros frente a los 185 euros de media, en el último lustro la situación es similar: Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña aparecen en los últimos lugares, junto a Navarra y Canarias, también desfavorecidas.
No hay que olvidar que la inversión en obra pública ha sido una de las grandes damnificadas por la política de ajustes de los últimos gobiernos. La menor disponibilidad de fondos por el impacto de la crisis, la priorización de la estabilidad presupuestaria -por las obligaciones impuestas desde Bruselas-, que se ha traducido en una reducción de la inversión productiva, y el largo período de interinidad del Gobierno, limitado en sus decisiones, han agravado una situación que se prolonga ya casi una década.
En el periodo 2005-2009, el Estado invirtió cantidades siempre superiores a 35.000 millones de euros, pero desde 2012 jamás llegó a tocar los 10.000 millones, el 1% del PIB. Los PGE para este año, de hecho, dedican 7.900 millones, poco más del 0,8%. En este contexto todas las autonomías han sufrido fuertes recortes, si bien las diferencias entre unas y otras son en ocasiones difícilmente justificables, por su enorme calibre.
"Somos conscientes de que aún no hemos acabado de salir de la crisis y que los fondos son aún limitados, pero los pocos que hay no están todo lo bien repartidos que deberían y se generan desigualdades entre territorios", subraya Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).
Según los datos de obra pública ejecutada de los últimos años, la inversión per cápita en infraestructuras en Baleares apenas alcanza 117 euros, la más baja de España. En la Comunidad Valenciana y Cataluña es algo superior, de 144 euros por habitante, pero, aún así, queda muy por debajo de la que reciben las autonomías mejor financiadas.
En Castilla y León la inversión anual per cápita supera los 572 euros y en Galicia roza los 465. El impulso al AVE desde Madrid y la Alta Velocidad entre Ourense y Santiago, han sido claves, en detrimento de otros corredores ferroviarios, como el Mediterráneo, demandado desde hace más de una década.
Si bien es cierto que para determinar el peso de la obra pública hay que valorar otros factores además de la población -como superficie, orografía y dispersión-, lo cierto es que el Arco Mediterráneo ha recibido cuantías en relación al PIB muy por debajo de su peso sobre la economía española. La Comunidad Valenciana, en este sentido, equivale a algo más del 10% del PIB nacional, y su peso en obra pública ejecutada ronda el 7%, mientras Cataluña, una quinta parte de la economía nacional, oscila entre el 12 y el 14%.
Murcia es la excepción. Este año recibirá una inversión per cápita de 185 euros, en línea con la media española, pero en el último lustro llega a los 245 euros, algo por encima. Las obras de la Alta Velocidad desde Madrid, pendientes de inauguración para finales de este año, han jugado un papel muy relevante.
En niveles de la crisis
La Federación de Contratistas de Obra Pública de la Comunitat Valenciana (Fecoval) cifra en más de 7.000 millones de euros el déficit en inversiones estatales en infraestructuras en la región acumulada en la última década. Desde el estallido de la crisis, se han perdido el 50% de las empresas y más de 50.000 empleos en este sector.
"Con los recortes aplicados en 2017 se mantiene un nivel de inversión al nivel de los peores años de la crisis. No se entiende que en un período de teórica recuperación, según el Gobierno, se planteen presupuestos tan restrictivos, y menos aún que el peso de la restricción caiga sobre unas pocas comunidades. Podríamos decir que es competencia desleal, porque está beneficiando a unos territorios en detrimento de otros", dice José Luis Santa Isabel, presidente de Fecoval.
Contratistas y constructores piden un pacto entre fuerzas políticas, y entre las diferentes Administraciones Públicas, para diseñar un plan de inversiones estable a largo plazo y que se articulen instrumentos de colaboración público-privada que permitan acceder a los fondos europeos del Plan Juncker.
El Corredor Mediterráneo se ha convertido en el gran símbolo de la lucha empresarial por la inversión en infraestructuras clave para el crecimiento y la competitividad económica -no sólo de esta zona, sino de toda España-, bajo liderazgo de la Comunitat Valenciana, especialmente de la patronal, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), y del lobby AVE -cuyos máximos representantes son Vicente Boluda y Juan Roig-. Ambas han organizado una serie de encuentros empresariales en las provincias afectadas, que culminarán a final de año con un gran evento en Madrid.
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