El secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, aclaró este jueves en el Congreso de los Diputados el desenlace de los pagos de los Programas Especiales de Armamento, conocidos como PEA's, que se dejaron de abonar en 2016 después de que el Tribunal Constitucional declarara nulos el pasado verano la petición de créditos extraordinarios a través de decretos ley que utilizó el exministro de Defensa, Pedro Morenés, para poder hacer frente al pago de los mismos. Conde ha asegurado que el Ministerio de Defensa incluirá en los Presupuestos de este año, aún por aprobar, una partida de 1.824 millones de euros para hacer frente a los 716,8 millones de euros que no se pagó el año pasado a la industria de armamento, sin intereses de demora, y a los 1.107 millones que se deben abonar este año.
Entre las compañías más afectadas por esta falta de pago destaca el consorcio europeo Airbus, a la que se le debe 352 millones de euros por el programa del caza Eurofighter, otros 95,5 millones, por el plan del helicóptero NH-90 y otros 40,1 millones por los helicópteros Tigre, aunque sí se asumió el compromiso de pago por el avión A400M. En total, Defensa abonará este año a la compañía 1.381 millones de euros, casi el grueso del total de la partida confirmada para este año. Santa Bárbara, integrada dentro del grupo General Dynamics, es la segunda empresa más afectada con un impago por parte de Defensa de 2016 que alcanzó al menos los 111 millones de euros, y que deberá recibir este año 202,6 millones por los programas de los carros de combate Leopardo y Pizarro. Finalmente, el Ejecutivo también debe a Navantia, empresa que pertenece a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) el pago de varios programas como la Fragata F-110, por la que recibirá este año 96,7 millones de euros.
Los PEA's nacieron en la década de los 90 para modernizar las Fuerzas Armadas. España asumió la adquisición de 22 programas, que incluyen aviones, cazas, carros de combate, submarinos o misiles, por una cuantía total de 36.000 millones de euros.
Tras la reconducción de los programas con la crisis económica, el ejecutivo finalmente abonará 29.000 millones de euros hasta 2030.
