El futuro de los 3,3 millones de ciudadanos comunitarios afincados en Reino Unido se afianza como el escollo legal que definirá el Brexit. Tanto el Gobierno británico como los Veintisiete han expresado su disposición a afrontarlo como una de las prioridades del proceso que se espera que comience antes de final de marzo, pero los desafíos procesales, políticos y reglamentarios sobre un debate de alto voltaje amenazan con hacer descarrilar el primer divorcio integral en la historia de la Unión Europea.
La Cámara de los Lores ha sido la primera instancia británica en reconocer oficialmente la sensibilidad de la materia. Después de que la ley que permitirá al Gobierno invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa fuese aprobada con sorprendente facilidad en la cámara baja, los miembros de la alta están preparados para presionar con los elementos que consideran cruciales: las garantías de que el Parlamento contará con un "voto significativo" antes de que el acuerdo quede visto para sentencia en Bruselas y las de protección de los derechos de los europeos en suelo británico.
Esta semana será crucial, puesto que decidirán si devuelven el texto a la Cámara de los Comunes con una conminación que comprometa al Gobierno a respetar el estatus de los ciudadanos comunitarios. Un desenlace que pondría en una delicada situación no solo a diputados divididos entre su deseo de influir sobre el proceso y la incomodidad de ser acusados de bloquear el Brexit, sino a Theresa May, quien es reacia a perder el control sobre la que constituirá una de las grandes bazas para las conversaciones que, eventualmente, acabarán con Reino Unido fuera de la UE.
La primera ministra es consciente de las limitaciones del propio sistema de inmigración británico. Si uno de los factores que decantó la votación del 23 de junio había sido, precisamente, la promesa de recuperar el dominio sobre el flujo de personas, May está obligada a escuchar la voluntad popular. El problema es cómo materializarla y la primera traba aparece en una cuestión tan básica como decidir quién puede permanecer y en base a qué.
La asunción general establece que la negociación de salida impondrá pronto una fecha a partir de la que no habrá acceso automático a continuar en suelo británico, pero la mera premisa genera un galimatías en bucle. Para empezar, Reino Unido carece de un registro de población, por lo que será altamente complicado determinar quién residía legalmente antes de que el plazo se haga efectivo. La mera carga que estas comprobaciones acarrearía para la función pública británica podría provocar incluso el colapso del sistema.
Paralelamente, la falta de control sobre las llegadas y las salidas aleja todavía más la solución para un país que, debido a los temores sobre la seguridad de los datos, había decidido abandonar en 2007 los planes para instaurar carnés de identidad y un registro de la ciudadanía. La casualidad ha querido que uno de los principales opositores a la propuesta, instigada por Tony Blair, fuese precisamente David Davies, el hombre que diez años después está al frente del denominado Ministerio del Brexit.
El descontrol, un obstáculo
Además, hasta ahora la Oficina de Gabinete del Gobierno no requería a los europeos documentación alguna para hacer uso de sus derechos, como tampoco almacenaba sus movimientos de entrada y salida. Para complicar aún más el puzle, departamentos que podrían resultar clave para verificar estadías, como el Ministerio de Trabajo, el de Interior o la Agencia Tributaria, no comparten información.
Opciones como la de emplear el número de la Seguridad Social quedan descartadas por cuanto no incluirían a quienes no hayan trabajado, ni solicitado prestaciones, y lo que es peor, quedarían abiertas a los que abandonaron el país hace años, potencialmente millones.
La fórmula actual establece que los ciudadanos comunitarios que hayan vivido en el país durante cinco años pueden adquirir automáticamente la residencia permanente. Los interesados deben completar un formulario de 85 páginas que demanda un volumen de documentación que va desde la historia laboral del último lustro, a facturas por servicios como la luz, o el agua, y un resumen de las veces que han salido del país desde su llegada. La tarea, con todo, no ha bastado para disuadir a miles de europeos inquietos ante su futuro y, desde el 23 de junio, el número de solicitudes del papeleo necesario ha aumentado en un 50%.
El Gobierno, por su parte, ha declinado reiteradamente avanzar las pautas que tendrá en cuenta, sobre todo porque su objetivo es que los derechos de los ciudadanos comunitarios vayan de la mano de los del millón de británicos afincados en el resto del continente, una estrategia que le ha generado un notable criticismo por rechazar sin condiciones garantías tempranas para tres millones de personas que antes de 2020 podrían encontrarse en un limbo legal.