El Gobierno ha aprobado el Real Decreto Ley de reforma de la estiba portuaria, el colectivo de 6.150 trabajadores que se dedican a cargar y descargar la mercancía de los barcos en los puertos, con el fin de liberalizar el sector y que cumpla así con la normativa europea, según informó el ministro portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo.
El objetivo de la reforma es adaptar su legislación a la normativa comunitaria, a la que actualmente contraviene. En último termino, se busca evitar que el Tribunal de Justicia de la UE imponga una multa a España.
El Ejecutivo aprueba finalmente esta reforma sin que por el momento exista un acuerdo entre patronal y sindicatos y mientras los estibadores tienen convocado un calendario de tres semanas de paros en los puertos a partir del próximo 6 de marzo.
Por todo ello, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró que la aprobación del texto en Consejo de Ministros "no es el final del proceso", sino que abre el turno de la negociación colectiva y parlamentaria.
Así, pidió a patronal y sindicatos que "intensifiquen" su negociación para llegar a acuerdos sobre las reivindicaciones de los estibadores que la Comisión Europea no permite incluir en la ley y que, en último término, pueden evitar la huelga en los puertos.
De igual forma, apeló a la "responsabilidad" de los grupos parlamentarios para que "favorezcan" la convalidación de la reforma y contribuyan al acuerdo del sector, evitando que el "ruido político" interfiera en su negociación colectiva.
El ministro advirtió de que una huelga en los puertos puede suponer un grave perjuicio en la economía, si bien asegura contar con un plan de contingencia para el caso de que se lleve a cabo.
También avisó de que no aprobar la reforma en el Congreso abocará a un "escenario de bucle sin fin" en el sector y a que el Tribunal de Justicia de la UE imponga a España una multa de 21,5 millones de euros y una sanción diaria de 134.000 euros por cada día que pasara hasta que se reformara el sector. "Importes que recaerían sobre el bolsillo de todos los ciudadanos", señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El texto pasa ahora al Congreso
Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el texto de la reforma pasa ahora al Congreso, donde el Ejecutivo cuenta con un plazo máximo de un mes para buscar apoyos suficientes entre los grupos parlamentarios para que sea validado.
La reforma afecta a un sector básico para la economía española. Los estibadores garantizan la carga y descarga de la mercancía que entra y sale del país por mar, un volumen de carga anual valorado en unos 200.000 millones de euros, que supone el 86% de las exportaciones y el 60% de las importaciones.
Tres años para abrir el sector
El Real Decreto Ley de reforma de la estiba que hoy aprueba el Gobierno establece un periodo de tres años para que desaparezcan las sociedades de gestión de estibadores portuarios, las Sagep.
Estas firmas monopolizan actualmente el sector, pues de ellas depende todo el colectivo de 6.150 estibadores que trabajan en los puertos y controlan su contratación por parte de las empresas que operan en los las instalaciones portuarias.
La reforma contempla que las Sagep se reconviertan en Centros Portuarios de Empleo, firmas con carácter de ETT, o que las empresas que utilizan los puertos contraten directa y "libremente" a los estibadores que necesiten.
El texto legal reconocerá la capacitación como estibador a todos los trabajadores del ramo que acrediten cien jornadas de trabajo, a pesar de que no cuenten con la formación o titulación requerida para ello. Además, el Gobierno, a través de Puertos del Estado, garantiza su antigüedad y sus indemnizaciones en caso de despido, un compromiso estimado en unos 350 millones de euros.
El Ministerio considera que estos dos puntos contribuirán a garantizar los empleos del sector y a fomentar que las empresas subroguen a los trabajadores, una de las principales reivindicaciones que plantean los sindicatos del ramo (la Coordinadora de Trabajadores del Mar, CC.OO., UGT, CIG y CGT), que han ratificado los paros convocados contra la reforma.
