La secretaria de Política Municipal de Ciudadanos (C's), Begoña Villacís, acompañada por el responsable de Hacienda de esta formación, Francisco de la Torre, registraron este jueves en el Congreso de los Diputados una proposición no de Ley para pedir que se devuelva lo tributado por el Impuesto Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) -conocido popularmente como Impuesto de Plusvalía Municipal-, en los casos en que no haya existido beneficio económico en la compraventa de los inmuebles.
De la Torre ha anunciado que su formación, además de la petición para reformar la Ley de Haciendas Locales, presentará una enmienda a los presupuestos, para que se pueda devolver el dinero cobrado de forma indebida, al tiempo que reiteraba que "los ciudadanos no deben seguir pagando como beneficios lo que en realidad es perdida".
El TC determina en su sentencia de 16 de febrero que este impuesto, que cobran los ayuntamientos, grava la revalorización de los inmuebles al ser vendidos, pero en la práctica siempre es abonado por el obligado tributario, aunque haya perdido valor. La ponente, la magistrada Asua Batarrita concluye que no es constitucional imponer un impuesto cuando no se ha producido una ganancia económica.
Por la implicación municipal
Por ello, Villacís ha señalado que "la Plusvalía Municipal impuesta a las pérdidas es un impuesto inconstitucional e injusto". Y, además, afirma que la reciente sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) "constata el hecho de que, en los últimos años, los ayuntamientos se han convertido en auténticas máquinas de recaudar con una insensibilidad absoluta".
La formación naranja va a llevar a cabo una acción conjunta, en todos los ayuntamientos de España, para pedir que, además de devolver el dinero, las corporaciones se impliquen de forma activa, facilitando los medios y recursos técnicos y humanos necesarios para atender todas las reclamaciones de estas personas que lo perdieron todo.
Por ello, ha criticado que "se hayan cobrado plusvalías a los ciudadanos más vulnerables y castigados por la crisis, a aquellas personas que no tenían otra salida que malvender su casa perdiendo dinero".
Mientras tanto, Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, calificaba también de "injusto" el Impuesto de Plusvalía Municipal, cuestionado por el TC, que ha anulado dos artículos de la norma Foral Guipuzcoana, idénticos a los correspondientes de Ley de Haciendas Locales, que rige este tributo en el territorio de régimen común.
Por ello, Hacienda no está obligada a modificar la normativa hasta que el TC emita una sentencia que afecte a la normativa Estatal y no solo a la Foral.
Caballero anunciaba este jueves que solicitará una reunión con el Ministerio de Hacienda para modificar el Impuesto. Y este organismo quiere que se incluyan mejoras técnicas en la regulación para que se adecue a la evolución del mercado inmobiliario de los últimos años por la crisis económica. El cambio supondría que se recoja en la norma el descenso del valor de los inmuebles producido fundamentalmente en los últimos cinco años y "conseguir un sistema tributario más justo, que no exija mayores esfuerzos contributivos a quienes carecen de capacidad económica".
Actualmente, la Asesoría Jurídica de la FEMP estudia a fondo el texto de la sentencia para elaborar sendos informes, que serán sometidos a estudio en la reunión de la Junta de Gobierno del próximo martes, 28 de febrero.
Falla la fórmula de cálculo
Según Caballero, lo que el TC declara inconstitucional "no es el impuesto, sino la fórmula para su cálculo y, por ello, ha de ser el Legislativo el que decida".
A la espera de la reunión solicitada, Caballero afirma que hasta que no se apliquen las modificaciones legislativas necesarias, en aplicación de la sentencia, "los ayuntamientos vamos a estar al lado de los ciudadanos".
No obstante, matiza que "obedecemos leyes, nosotros no decidimos; seguimos y seguiremos las indicaciones del Legislativo; es el legislador quien tiene que entrar al fondo de esta cuestión. Tienen que ser técnicos, juristas y el Legislativo quienes decidan cómo proceder con las plusvalías".
El Impuesto sobre la Plusvalía Municipal fue uno de los temas abordados en la reunión mantenida con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y con el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, el pasado 6 de febrero, a pesar de que aún no se había emitido el fallo del TC.
En juego 2.000 millones anuales
El Impuesto Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana - el Impuesto de Plusvalía Municipal- supone unos ingresos anuales para los ayuntamientos que rondan los 2.000 millones de euros. El valor del suelo que se tiene en cuenta es, con carácter general, el valor catastral, sin posibilidad de prueba en contrario. El caso que ha resuelto el TC anula el sistema de cálculo del impuesto, a la vista de que el Ayuntamiento de Irún reclamaba 17.899 euros a una empresa que compró un inmueble por 3,1 millones de euros y lo vendió por 600.000 euros.
