El Gobierno británico acelera la preparación de su estrategia para la salida de la Unión Europea, después de que Theresa May revelase las bazas de una negociación que afronta con un órdago. A la espera del revés que el Tribunal Supremo se prepara para asestarle mañana, al otorgar al Parlamento la potestad para activar el divorcio, la primera ministra ha dado por zanjadas las exigencias de información.
Tras su ansiada intervención de la semana pasada, en la que confirmó la renuncia al mercado único y su deseo de alcanzar una fórmula mixta para la unión de tarifas, considera haber despachado su compromiso de presentar su plan para el Brexit y, ahora, aspira a disfrutar de la privacidad que quiere imbuir a los preámbulos de un proceso con el que confía en convertir a Reino Unido en la referencia mundial del libre comercio.
El problema es que, al concretar sus pretensiones, May ha abierto la caja de Pandora. Aunque su discurso clarificó los puntos de partida que planteará a sus todavía socios, a su vez abrió nuevos interrogantes de base, como qué clase de acuerdo desea. Su anhelo de obtener el "mejor acceso posible" al mercado común, en la práctica, se revela como un lema aspiracional, más que una fórmula definitoria y sus veladas amenazas a la UE si cede a la tentación de "castigar" a Londres por la salida podrían generar efectos contraproducentes.
Si bien en el continente hay nerviosismo ante la primera secesión integral de su historia, especialmente por el efecto contagio que pueda acarrear, las advertencias de la premier consiguieron paradójicamente reforzar el frente de unidad con el que los 27 pretenden afrontar el galimatías británico. Insinuaciones como las de que está preparada para promover un paraíso fiscal si no logra los términos que ansía molestaron a un bloque que todavía cree que Reino Unido tiene más que perder.
La percepción de que May parezca convencida de que puede retener lo mejor de los dos mundos -la denostada "Europa a la carta"- consolida su candidatura como primera fricción de un proceso que Londres cree que puede zanjar en dos años y dejar resuelto en paralelo a la negociación comercial. La impresión en Bruselas no podría ser más dispar: ni consideran que el plazo teórico establecido en el artículo 50 del Tratado de Lisboa vaya a ser suficiente, ni ven plausible desarrollar las conversaciones del divorcio simultáneamente a las del nuevo encaje comercial.
De ahí el carácter estratégico del envite de May, quien en los últimos tiempos había ganado un importante margen de maniobra con el compromiso público de Donald Trump de priorizar la consecución de un acuerdo de libre comercio entre ambos países y la constatación, evidente cada semana, de que el resultado del referéndum no ha provocado la hecatombe económica anticipada.
May quiere marcar el tono de las negociaciones
En su contra, la primera ministra tiene los indicios de la tendencia proteccionista del recién estrenado presidente de EEUU y la realidad de que si bien la economía no ha dado acuse de recibo del veredicto del 23 de junio, tampoco éste se ha materializado aún en términos prácticos. Independientemente de la revisión al alza de las previsiones de este año de, entre otros, el FMI, los analistas insisten en que lo peor está por llegar y, de hecho, las perspectivas para 2018 han sido rebajadas casi unánimemente.
Pese a ello, la mandataria británica se ha anotado el tanto de marcar el tono y, aunque la recepción en el continente ha sido fría, ha demostrado una vehemencia no esperada en una dirigente acuñada en su propio partido Theresa Maybe (Theresa Quizá). Su interés estaba tanto en la audiencia doméstica, a la que mayoritariamente agradó su estilo amonestador, como al sur del Canal, donde quería avisar de que no concurrirá a la negociación con una actitud de sumisión.
May advirtió de un "acto de calamitosa autolesión" si la UE se atreve a penalizar a su futuro ex socio y amenazó incluso con abandonar la mesa sin acuerdo, puesto que no alcanzar "ninguno es mejor que un mal acuerdo". Su palanca se apoya en que, de imponer tarifas elevadas, entre otras medidas punitivas, cada miembro sufriría su parte, puesto que encarecería, a su vez, las exportaciones a las islas. "No sería un acto de amigo", advirtió.
Sin embargo, la primera ministra obvia también que el Brexit no es la prioridad de una Europa amenazada por los populismos, y con elecciones en Francia y Alemania este año. Su misión fundamental pasa por probar que salir del bloque implica un precio, pero la supervivencia también depende de saber cuál imponer sin desencadenar consecuencias negativas para un proyecto comunitario que busca su identidad tras las crisis de los últimos años.
Varapalo del Tribunal Supremo
El Gobierno británico ultima la estrategia de minimización de daños ante la decisión del Tribunal Supremo que, de acuerdo con todas las quinielas, incluyendo la de Downing Street, corroborará mañana que la potestad para activar el Brexit corresponderá al Parlamento. Su respuesta incluye varias versiones del texto que prevé someter a votación de la Cámara de los Comunes, para así adaptar la maniobra a la orientación del dictamen que emitan los once jueces del Supremo. La aspiración fundamental es que el tribunal permita una ley de apenas tres líneas que se limite a autorizar al Gobierno a invocar el artículo 50 y, así, evitar una oleada de enmiendas que podría retrasar un proceso con los tiempos marcados. Además, hay un especial interés por no alentar especulaciones y, sobre todo, por esquivar una imagen de improvisación como la transmitida el pasado mes de noviembre, cuando el Alto Tribunal había amparado la opinión de los ciudadanos de a pie que consideraban que sólo Westminster estaba capacitado para iniciar la salida de la Unión Europea. Si bien los jueces han recordado que su decisión "no revertirá el resultado" del plebiscito, el fallo constituirá un hito en la conciencia constitucional de una plaza que, el 23 de junio, había apostado por "recuperar el control".
