"Si hay elecciones generales antes de la consulta ya no existe el problema. Es obvio que el referéndum sobre la reforma laboral sería aplazado" dijo la semana pasada el ministro de Trabajo recién confirmado, Giuliano Poletti, desvelando con un "desliz" -tal y como él mismo ha admitido- los planes del flamante Ejecutivo de Paolo Gentiloni.
El tribunal constitucional transalpino acaba de anunciar que el 11 de enero decidirá formalmente si la petición para celebrar una consulta sobre la reforma laboral, avanzada por el principal sindicato italiano CGIL, es legítima. Aunque, tratándose de un normal referéndum revocatorio, el camino es obligado: el plebiscito se celebrará entre marzo y abril, a no ser que antes se convoquen nuevas elecciones generales, lo que -según las normas italianas- aplazaría la consulta por un año.
La declaración de Poletti confirma la sospecha avanzada por las oposiciones: Renzi tiene prisa de ir a elecciones anticipadas no solo para tomarse la revancha, sino también para evitar perder otra votación. Una consulta sobre otra de las reformas estrellas del joven líder progresista podría acabar con su futuro político y cerrar de una vez la temporada de reformas.
El trabajo, de hecho, sigue siendo uno de los temas más controvertidos de la agenda política transalpina y tanto los principales sindicatos como el ala socialdemócrata del PD liderado por Renzi se han opuesto a la reforma laboral aprobada el año pasado que agiliza y abarata el despido.
Dos son los puntos más criticados por los opositores de la medida conocida como Jobs Act: el primero es la abolición del artículo 18 del Estatuto de Trabajadores que reglamentaba el despido improcedente. Anteriormente el juez podía obligar la empresa a reincorporar el trabajador y, en todo caso, tenía la facultad de establecer la indemnización. La reforma impide la reincorporación y fija la indemnización en un máximos de seis meses de sueldo.
Otra parte muy controvertida es la introducción de nueva forma de trabajo temporal pagado a través de "cupones". Prácticamente el empleador puede comprar unos cuantos cupones horarios y pagar a trabajadores ocasionales sin tener que hacerles un contrato. La medida, pensada para legalizar los trabajos irregulares, se ha convertido sin embargo -según denuncian los sindicatos- en el enésimo tipo de contrato "basura".
Una defensa compleja
Un referéndum sobre estas medidas sería muy peligroso para el Gobierno de Gentiloni y para su punto de referencia político, Matteo Renzi. Mientras el primer ministro saliente intentó defender la reforma constitucional con argumentos populares como la reducción de los senadores y la agilización de la burocracia (y de hecho perdió sólo porque la consulta se convirtió en un voto sobre su persona, más que sobre los cambios a la constitución), la reforma laboral tiene más defensores en el mundo empresarial que entre los trabajadores.
De hecho, los datos de los últimos meses quitan a Renzi el único argumento que habría podido utilizar: el Jobs Act a pesar de agilizar y abaratar el despido de momento no ha conseguido resultados significativos en la creación de empleo. La reforma ha estimulado el mercado laboral en sus primeros meses de aplicación, ya que preveía importantes desgravaciones fiscales para las nuevas contrataciones.
Sin embargo cuando los incentivos se han acabado, las empresas han parado de contratar a nuevos trabajadores: los últimos datos del instituto nacional de estadística Istat, indican que en el tercer trimestre del año el paro sigue estable al 11,6%, mientras el nivel de empleo baja de un 0,1%, aumentando el numero de trabajadores inactivos, es decir, aquellos que no trabajan ni buscan trabajo, uno de los males crónicos de la economía transalpina.
En esta situación tanto Gentiloni como Renzi harán lo posible para evitar un nuevo referéndum. Es verdad que en caso de referéndum revocatorio, la constitución italiana prevé que el referéndum sea valido sólo si votan la mitad más uno de los electores. Un umbral que en pasado ha hecho fracasar varias consultas (en la última, celebrada en abril para derogar las normas sobre las plataformas petrolíferas, la afluencia superó a duras penas el 30%).
Sin embargo Renzi y Gentiloni no olvidan que el referéndum constitucional, convertido en un voto sobre el futuro del Gobierno (a pesar de que las consultas de confirmación sobre medidas constitucionales son válidas con cualquier datos de afluencia) ha rozado el 70% de participación.
