Una vez conformado Gobierno en España, tras un rocambolesco itinerario que duró casi un año y dejaba al país al borde de unas terceras elecciones, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 se ha convertido en la gran prueba de fuego política para el segundo Ejecutivo de Mariano Rajoy, que aborda concesiones por 10.450 millones de euros, entre el mayor margen autonómico que demandaban los socialistas, el paquete social que exige Ciudadanos como condición para el respaldo y la previsible liquidación del Cupo vasco que solicita el PNV.
La aprobación del Presupuesto para 2017 es clave no sólo por la necesidad de convencer a las instituciones europeas del compromiso de España con la consolidación fiscal, tras un año de paciencia bruselense por la falta de un Gobierno con plenos poderes en España, sino porque el resultado de la negociación presupuestaria determinará la mayor o menor duración de la nueva Legislatura.
Así, los populares, sin mayoría absoluta (137 escaños en el Congreso), precisan de apoyos para sacar adelante las Cuentas y, consciente de ello, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comienza a hacer concesiones para granjearse respaldos. Una suma que roza ya los 11.000 millones y comprende los 5.000 millones de margen extra a las CCAA -como pedían los barones autonómicos socialistas-, los 3.850 millones del paquete social comprometido el pasado lunes con Ciudadanos y, previsiblemente, los 1.600 millones que solicita el País Vasco por la liquidación del Cupo, que lleva sin efectuarse desde 2007.
Aspiración socialista
Las comunidades autónomas rubricaron la semana pasada, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), una elevación del tope de déficit para el año que viene hasta el 0,6%, algo que deja descontento especialmente en Cataluña, Valencia y Baleares, cuya aspiración era el 0,7%, pero que supone cinco décimas más del tope autonómico del 0,1% inicialmente previsto y la claudicación del Gobierno con su pretendido 0,5%.
Si bien el CPFF del pasado abril ya había apalabrado un objetivo de déficit autonómico del 0,5%, superior al inicial del 0,1%, lo cierto es que la diferencia entre la meta previa más exigente y la definitivamente cerrada asciende al entorno de los 5.000 millones de euros. Esta mayor permisividad con las autonomías ha sido una de las peticiones del PSOE como base para avalar el techo de gasto, piedra sobre la que gira el Presupuesto, y propicia a los presidentes autonómicos socialistas la posibilidad de ensanchar sus políticas sociales.
Más partidas sociales
Por su parte, Ciudadanos blandió el lunes un paquete de medidas sociales que totalizan 3.850 millones como condición para aprobar el techo de gasto y obtuvo el compromiso del Ejecutivo. El decálogo de medidas que demanda la formación naranja incluye la tarifa plana para autónomos durante un año, la elevación en dos semanas de la baja por paternidad, la aplicación del complemento salarial para los jóvenes con retribuciones más bajas (estimado en 1.300 millones), un cheque formación para los trabajadores en paro, inversión en I+D+i, el aumento de la dotación para Dependencia y Justicia, una partida para pobreza infantil, un plan de lucha contra el fracaso escolar y un incremento de las actuaciones contra el fraude fiscal.
No obstante, el respaldo de Ciudadanos conseguido por el Gobierno con la inclusión de este paquete de medidas no se hace extensivo al apoyo de la formación que lidera Albert Rivera a la subida tributaria impulsada el pasado viernes por el Ejecutivo popular. Ciudadanos anunció que rechazará el decreto fiscal por discrepar del alza de Impuestos Especiales y se manifestó también en contra del aumento de las cotizaciones sociales, en el que sí concuerdan socialistas y populares, al estimar esta subida contraria al espíritu de las medidas para autónomos que promueve Ciudadanos.
Reunión con Azpiazu
Justo en este clima de rebaja de posturas maximalistas, se aprecia un acercamiento del Ejecutivo popular y el PNV. El consejero de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, y el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, mantuvieron sintonía en su reciente reunión en Madrid, el pasado lunes. Además de acordar la creación de varios grupos de trabajo, se destaca como avance sustancial en las relaciones de ambos Ejecutivos la vía abierta con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para la retirada de los recursos judiciales planteados contra las leyes vascas.
En liza queda la petición de Azpiazu de 1.600 millones de euros por la liquidación del Cupo vasco, así como la solicitud de la gestión de los tramos del AVE conocidos como la Y vasca, cuya construcción sigue bloqueada y acumulando retrasos, cuyo coste se descontará de la futura liquidación del Cupo, sin llevarse a cabo desde hace nueve años y que representa la compensación entre lo pagado por el País Vasco y la cantidad que Madrid ha de reembolsar por gastos diversos.
Con todo, el próximo martes comienza en el Congreso, con el techo de gasto, el itinerario hacia los Presupuestos. Un camino que el Gobierno busca allanar con las formaciones de mayor representación, empezando por PSOE, y también C's, como manifestó Cristóbal Montoro el pasado viernes, al recordar que son las que dan más holgura para superar los 176 apoyos necesarios.
Un alza fiscal al consumo y las empresas
El Gobierno de Mariano Rajoy volvió a estrenar legislatura con una subida fiscal, como ya sucediera en 2011. El pasado viernes impulsó una batería de medidas para recabar ingresos extra por 7.500 millones, a través del Impuesto de Sociedades, alzas en los gravámenes sobre alcohol y tabaco, la creación de un tributo sobre bebidas azucaradas y carbonatadas y una subida de las cotizaciones.
