
La Agencia Tributaria (Aeat) ha informado a los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 de que "continúa realizando" un seguimiento para garantizar que todos ellos "han realizado una regularización completa de toda su situación tributaria".
Esta advertencia está recogida en una carta remitida a todos los que se acogieron a la amnistía y que tal y como avanzó ayer el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, explica que no existe prescripción de posibles y futuras investigaciones. Aunque Ciudadanos no se fía y afirma que la carta de Hacienda no frena la prescripción de la amnistía fiscal
El pasado septiembre el Pleno del Congreso aprobó que los acogidos a la amnistía fiscal de 2012 tributaran efectivamente al tipo del 10% establecido en aquella regularización extraordinaria, ante la posibilidad de que el 30 de noviembre prescriban las responsabilidades fiscales administrativas pendientes.
La eventual prescripción ya fue descartada por Montoro y confirmada por la carta de la Agencia, que señala que en caso de detectar errores en la regularización "procederá a la realización de las actuaciones oportunas".
Añade que, de acuerdo a la ley tributaria, las eventuales actuaciones interrumpirán los periodos de prescripción, de cuatro años para exigir pagos y solicitar devoluciones y de diez para iniciar procedimientos de comprobación.
De hecho, avanza que estas actuaciones continuarán en los próximos meses de acuerdo al Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2016 y que previsiblemente "serán objeto de especial atención" en el de 2017.
Además, esta comunicación -con carácter de aviso informativo y sin acuse de recibo- recuerda todas las actuaciones que se han llevado a cabo desde que finalizó el plazo para acogerse a la amnistía y que son resultado de la "revisión" de la documentación.
Así, tras realizar "procesos masivos de análisis de riesgo" para detectar rentas no declaradas en periodos impositivos no prescritos, la Agencia ha realizado 3.400 actuaciones sobre los acogidos a la amnistía fiscal y más de 2.200 actuaciones sobre aquellos que, además, presentaron el modelo 720 para declarar bienes y derechos en el extranjero.
Las actuaciones han partido de análisis masivos y sistemáticos de riesgo fiscal a través de herramientas informáticas sobre quienes se acogieron a la amnistía y al modelo 720, entre otros, con la "búsqueda de la máxima eficacia".