El compás de espera impuesto por el Gobierno británico sobre la travesía de salida de la Unión Europea comienza a hastiar a los negocios, tanto que no están dispuestos a esperar siquiera a que Theresa May invoque el ya famoso artículo 50 del Tratado de Lisboa para estudiar una relocalización en el continente. El riesgo de fuga había sido uno de los argumentos dominantes antes del referéndum y, según trascendió la semana pasada, constituía una amenaza compartida por entonces por la primera ministra vigente.
May sufrió el escarnio de presenciar cómo una intervención en Goldman Sachs en la que advertía de que el Brexit podría provocar un éxodo empresarial llegaba a las portadas de una cada vez más polarizada prensa británica. Sus palabras, apenas un mes antes de la histórica votación, asumían como pragmatismo económico la inconveniencia de abandonar Reino Unido en caso de ruptura y, puestas en la perspectiva actual, revelan sus suspicacias en torno a la debatida y aún por aclarar, salida del mercado común.
El problema es que muchas compañías, empezando notablemente por las afincadas en la City, coinciden con su parecer. Muchas estarían ya preparando la mudanza al otro lado del Canal de la Mancha y, según el jefe de la Asociación Británica de Banqueros (BBA, en sus siglas en inglés), no pocas estarían dispuestas a hacerlo a principio de año. Para ello, habrían formado equipos específicos para estudiar qué operaciones precisan un nuevo emplazamiento.
Alfombra roja en el continente
Así, aunque a los pocos días del plebiscito el Tesoro reunió a los grandes de la industria para recabar su disposición al mantenimiento de Londres como centro de referencia global, su voluntad no significa necesariamente mantener el contingente actual tanto de personal, como de medios. Por ello, plazas como París, Fráncfort, o Dublín, han desplegado la alfombra roja para atraer a los expatriados del Brexit.
El fenómeno afecta especialmente a la banca por tratarse del sector más dependiente de las exportaciones. Su movilidad internacional es superior a la de otros ámbitos y el divorcio de la UE no significaría exclusivamente la asunción de nuevas tarifas sobre sus operaciones, sino que afectaría a si cuentan legalmente con el derecho a ejecutar su actividad.
Ya han solicitado acuerdos transitorios para cuando el divorcio sea una realidad, pero la clave seguirá siendo el sistema de pasaporte financiero, que permite a las entidades afincadas en Reino Unido operar en el continente sin precisar una autorización específica en cada país. La continuidad, a priori, estaría relacionada con la presencia en el mercado común y, aunque May tenía claro antes del referéndum que esta tenía beneficios económicos "claros", desde que se mudó al Número 10 parece priorizar la inmigración, el elemento que los líderes comunitarios no están dispuestos a negociar.
Estampida de la banca
De ahí la posibilidad de una estampida que la banca nunca había descartado: una encuesta previa al 23 de junio reveló que el 98% de la industria consideraba que la continuidad en la UE iba en el interés de la entidad a la que representaban. Su salida sería letal para un país que se enfrenta a lo desconocido, pese a que la economía continúa sin dar acuse de recibo al resultado del plebiscito.
No en vano, los servicios financieros aportan más de un 12% al PIB británico y dan soporte a unos 2,2 millones de empleos. El jugo principal para el Estado procede de la cesta fiscal, con una aportación de 66.000 millones de libras (73.000 millones de euros) en impuestos en 2014, un montante que supera ampliamente al de cualquier otro sector.
Cuatro meses después de la votación, nada se sabe acerca del primer divorcio integral en la historia de la UE y cualquier paso en falso podría mancillar la reputación de entidades que dependen vitalmente de la confianza. Así, públicamente mantienen su actividad, pero entre bambalinas, el hastío por el secretismo de May, junto a las desavenencias del Gobierno en relación al proceso, han convencido al sector de la conveniencia de buscar alternativas en suelo continental.
Se trata de una carrera contrarreloj para hacerse con los mejores espacios en áreas ya saturadas y con los permisos regulatorios necesarios para evitar demoras.
