La casualidad diplomática ha querido que la primera visita de Theresa May a España como premier británica coincida con el aniversario de sus tres meses en Downing Street. Su entrevista de hoy con Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa forma parte de la ronda de reuniones iniciada en julio para recabar apoyos ante el intrincado proceso de separar a Reino Unido de una Unión Europea a la que se había incorporado hace más de 40 años. La flexibilidad de los líderes comunitarios será fundamental para un país que no ha decidido siquiera a qué formula aspira una vez fuera del bloque, pero el verdadero reto para las negociaciones está en casa.
La parálisis inicial de un Gobierno por accidente, motivado por la salida de un David Cameron que había prometido continuar en el Número 10 si perdía el referéndum, fue recibida con relativa indulgencia por parte de una ciudadanía hastiada de la división provocada por la consulta, de unos empresarios a la expectativa de decisiones y, sorprendentemente, de los mercados, a excepción de los de divisas, que desde el 23 de junio han evidenciado su incomodidad con el veredicto de las urnas.
El terremoto generado por el plebiscito supuso una revolución política a gran escala que, no obstante, demostró que cuando lo que se juega es la continuidad en el poder, los conservadores británicos saben construir un frente de unidad. Entre la dimisión de Cameron y la toma de posesión de May no transcurrieron ni tres semanas, si bien la determinación de ésta por trazar una línea rupturista ha marcado una nueva era en Downing Street, de donde la guardia pretoriana del primer ministro anterior ha sido desalojada por una mandataria que prometió hacer del Brexit "un éxito".
El problema es que, desde el principio, May ha carecido siquiera de un punto de partido. Si algo quedó de manifiesto en las semanas posteriores a su investidura es que, efectivamente, Cameron llevaba razón cuando aseguraba que no había plan B en caso de divorcio. El receso estival permitió un cierto respiro, pero la fractura de un gabinete dividido entre partidarios de una ruptura suave, que permita la continuidad en el mercado único; y aquellos que apuestan por cortar lazos de raíz no sólo resulta cada vez más patente, sino que evidencia que el núcleo duro anti-Bruselas está ganando la partida.
Su influencia era previsible dada la apuesta estratégica de May de colocar en los tres departamentos directamente relacionados con la salida -Exteriores, el popularmente conocido como Ministerio del Brexit y la Secretaría de Comercio Internacional- a tres de las voces más destacadas del frente anti-Bruselas. Su militancia es tal que ni siquiera el hermetismo impuesto por su jefa ha bastado para controlar intervenciones en las que se han atrevido, a veces sin fundamento, a dar plazos para la activación del ya famoso artículo 50 del Tratado de Lisboa, a dar por hecho el abandono del mercado único o, incluso, a anticipar la salida de Reino Unido de la crucial unión de tarifas.
Los esfuerzos del Número 10 por reducir sus declaraciones a la categoría de opinión personal no consiguieron más que menoscabar la imagen de un Ejecutivo en el que las fisuras han comenzado a aflorar en apenas un trimestre. No en vano, el tiempo ha demostrado que los avances más polémicos de los tres mosqueteros van cobrando terreno en el imaginario conservador, en el que la idea de un Brexit duro y el aumento de la retórica anti-inmigración se van consolidando a pesar de las alertas de los empresarios, de una City inquieta ante la pérdida del pasaporte bancario que permite operar abiertamente con el continente y de un creciente colectivo ciudadano que teme el fin de Reino Unido como una plaza abierta y tolerante.
Esta misma semana, VTB, el segundo banco ruso en activos, ha confirmado lo que la mayoría de gigantes financieros baraja desde las primeras horas del 24 de junio: aunque todavía se desconozca el modelo que caracterizará a Reino Unido una vez fuera de la UE, las inconveniencias derivadas del proceso de salida hacen insostenible la continuidad de su sede europea en Londres. París o Fráncfort han desplegado ya la alfombra roja para recibir a los exiliados del Brexit e Irlanda espera que su bajo impuesto de Sociedades constituya un imán para un notable contingente empresarial procedente de la isla vecina.
Presiones desde la 'City'
No en vano, el Gobierno no estaría dispuesto a darle una protección especial a la City, pese al supuesto interés inicial del titular del Tesoro, de quien se espera un cambio de marcha en la estrategia económica para apoyar un mayor intervencionismo estatal. Philip Hammond forma parte de la corriente reacia al Brexit duro, pero su voz pesa cada vez menos sobre la primera ministra. Por ello, esta misma semana su ministerio se encargó no sólo de circular, sino de refrendar, las cifras calculadas en abril en torno a la pérdida en ingresos fiscales anuales si Reino Unido cortase los vínculos actuales con un mercado de 450 millones de personas: en 66.000 millones de libras (unos 73.000 millones de euros). El sector financiero, por su parte, ha estimado los daños de la City en 38.000 millones de libras (42.000 millones de euros).
Por todo, los principales colectivos profesionales han decidido intervenir oficialmente para pedir a May que su primer descarte sea un Brexit duro. Representantes de la patronal, de las cámaras de comercio, del colectivo que agrupa al sector industrial y al tecnológico le han dedicado una carta abierta en la que alertaban de los "graves daños" que abandonar el mercado común infligiría a Reino Unido.
Asismimo, el Gobierno se enfrenta a un severo criticismo por las medidas anunciadas en materia de control de extranjeros. Aunque la propuesta de forzar a las compañías a difundir el porcentaje de trabajadores foráneos en sus plantillas ha sido mitigada, May ha dictaminado que el resultado del 23 de junio dictaminó cambios en inmigración y, pese a la controversia, ha declarado estar dispuesta a garantizarlos.
