El Grupo Parlamentario Popular está valorando impulsar una proposición en el Congreso para igualar las indemnizaciones por despido de los trabajadores fijos con los temporales, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en relación con el recurso de la ciudadana española Ana de Diego, contratada por el Ministerio de Defensa en 2003 y que perdió su puesto de trabajo nueve años después.
Los responsables del grupo del Gobierno pretenden iniciar una negociación con el resto de los grupos parlamentarios para presentar una iniciativa conjunta con Ciudadanos y el PSOE para reformar el Estatuto de los Trabajadores, sin descartar el apoyo de otras formaciones.
De esta forma, la propuesta contaría con el apoyo mayoritario de la Cámara, algo que estiman muy factible, puesto que, afirman, esta equiparación de indemnizaciones figura ya entre las medidas acordadas en el acuerdo de investidura entre el PP y Ciudadanos, en el que se habla de "un contrato estable con indemnización creciente", y también en pacto entre el partido de Albert Rivera y el PSOE tras las elecciones del 20 de diciembre.
El propio Rivera hizo ayer de esta equiparación de indemnizaciones una cuestión clave para mantener su acuerdo con el Partido Popular, al afirmar que "no vamos a apoyar a ningún Gobierno que no restablezca el equilibrio entre trabajadores temporales e indefinidos y no luche contra la precariedad".
El único problema que ven en las filas del PP es que si no se produce un acuerdo que permita formar un gobierno, la disolución de las Cámaras Legislativas el próximo 31 de octubre haría muy problemático que la proposición pudiera tramitarse.
Aunque la iniciativa está todavía en fase de consideración, estaría apoyada desde el Gobierno. Prueba de ello es que también ayer el secretario de Estado de Empleo aludía a los acuerdos entre populares y ciudadanos y, en declaraciones a elEconomista, apostillaba que "el Gobierno está en funciones, pero el Parlamento no lo está y está plenamente activo".
Posteriormente y en una declaración pública, Riesgo aclaró que el Gobierno "está analizando el impacto de esta sentencia, que tiene efectos jurídicos esencialmente sobre las cuestiones y casos concretos sobre los que se ha planteado la cuestión prejudicial al Tribunal Europeo", en referencia al caso de la empleada de Defensa.
Sólo para interinos
Sin perjuicio de ello, añade, el secretario de Estado, "el Ministerio analizará el impacto de esta sentencia en la seguridad jurídica de esta sentencia en las relaciones laborales en España y cuando el Gobierno, o un Gobierno, esté plenamente en sus funciones podrá implementar los cambios oportunos si así lo estima conveniente". Decisiones que, añade, "también podría tomar el propio Parlamento".
Donde si se produce una diferencia de interpretaciones entre el Ministerio y los grupos parlamentarios de la oposición es en el ámbito de aplicación de los efectos de esta sentencia. Así, desde el Departamento que dirige Fátima Báñez, se considera que "tiene efectos, esencialmente, en los trabajadores interinos" a los que habría que equiparar a los temporales fijos, mientras que el resto de los grupos, y también los sindicatos, estiman que lo que demanda el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es equiparar la indemnización de los temporales a la de los fijos.
El secretario de Estado de Empleo resalta, asimismo, que la sentencia aclara que pueden existir y existen distintas modalidades contractuales en las regulaciones laborales de la UE, y explica que "existen en España contratación indefinida, temporal y de formación, entre otras modalidades, y eso, de acuerdo a la normativa europea, es perfectamente factible y de hecho ocurre en multitud de países".
