El Gobierno admite en privado que la UE "presiona" para conformar un nuevo Gabinete con urgencia ante el desvío en el déficit y la necesidad de reconducir las finanzas públicas.
Pero lo que de verdad trae de cabeza al Ejecutivo es la imposibilidad de trazar mayorías que propicien la investidura de Mariano Rajoy (PP). En Bruselas ocurre lo mismo, conscientes de la necesidad de contar con un Gobierno estable con respaldos suficientes como para aprobar sin problemas las reformas necesarias y medidas más concretas como el establecimiento de un tipo del 20 por ciento en el Impuesto de Sociedades, que dejaría en las arcas 6.000 millones de euros extraordinarios.
El informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) alertando sobre la posibilidad de que el déficit se vaya a un arco de entre el 4,1 y el 4,7 por ciento ha venido a colmar el vaso. España incumpliría por segundo año consecutivo la consolicación fiscal pactada con Bruselas y correría el riesgo de volver al foco de los mercados, del que salió en 2013 tras enderezar el rumbo de las finanzas.
Las medidas de Sociedades, los Acuerdos de No Disponibilidad por valor de 2.000 millones en las comunidades autónomas y otros ajustes que pueden ser necesarios una vez que la Comisión imponga el 27 de julio la nueva senda fiscal para España solo podrán ser aprobados si el PP goza de, como mínimo, la abstención de Ciudadanos y el PSOE en la investidura.
A día de hoy, pasan ya cuatro semanas desde que España celebró elecciones generales por segunda vez en seis meses y nada se mueve. Mariano Rajoy y el PP, que obtuvieron una victoria más holgada que en diciembre al lograr 137 escaños, solo han conseguido por ahora contar con la abstención de C's. 169 votos que no suman los 176 que el candidato necesitaría para revalidar mandato, y que se antojan imposibles con el no del PSOE.
La Unión Europea está preocupada porque sabe que un Ejecutivo en funciones tiene las manos atadas para tomar decisiones y enderezar las finanzas, y así se lo ha trasladado al Gobierno, según fuentes próximas al mismo. La medida de Sociedades, por ejemplo, no puede aprobarse sin el respaldo parlamentario correspondiente, y así lo reconoció en Bruselas el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos. Cada día que pasa la situación se torna más grave y el Brexit y el deterioro adicional de la economía internacional (para la que los más optimistas auguran un avance raquítico del 3 por ciento, casi igual que después de la quiebra de Lehmann Brothers) no ayudan en absoluto.
Preocupan los Presupuestos
"Necesitamos un Gobierno rápido. Llevamos camino de ocho meses en funciones, tenemos un Presupuesto que nos ha permitido mantener la actividad, pero los meses de septiembre, octubre y noviembre son claves para un país", advirtió ayer mismo, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta en funciones Soraya Sáenz de Santamaría.
Hacía referencia la vicepresidenta al apretado calendario para aprobar las cuentas públicas, que deben trazar un nuevo escenario macroeconómico que permita fijar con coherencia los ingresos y los gastos. Por ley, el Ejecutivo debería aprobar el techo de gasto de los Presupuestos antes del 30 de julio, para así comunicarlo las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que éstas puedan elaborar sus cuentas. Tradicionalmente ese techo es trasladado al Congreso en junio.
Después, lo habitual es llevar esos Presupuestos a la Cámara en septiembre para que, en comisión, en pleno y en el Senado sean modificados y aprobados definitivamente en diciembre. De hecho, la ley fija que deben ser remitidos tres meses antes de que concluya el año, por lo que una investidura fallida de Rajoy en agosto trasladaría toda la presión a septiembre: investidura, techo de gasto y Presupuestos deberían cumplimentarse en solo cuatro semanas, algo complejo si el jefe del Ejecutivo repite mandato sin apoyos suficientes como para garantizarse 176 votos.
Por eso la vicepresidenta aseveró ayer que Rajoy busca un acuerdo "de mínimos" que garantice que habrá Ejecutivo y cuentas públicas. Y todo ello debería producirse, según Moncloa, antes del 23 de septiembre, fecha tope para aprobar Presupuestos. "Si no hay cuentas, deberán prorrogarse las de este año", advirtió Santamaría, recordando que pensionistas y funcionarios han visto revalorizados sus salarios este año precisamente porque el Ejecutivo dejó aprobadas las cuentas de 2016.
La vía del Decreto
La vicepresidenta, aún así, citó la vía del Decreto como la última opción para elevar esas prestaciones si finalmente las cosas no cambian y el PP no revalida el Gobierno en agosto. Sin embargo, el uso de esa herramienta podría provocar una polémica inmensa, pues no existen precedentes en España de un Ejecutivo en funciones tomando decisiones de tanto calado.
Sáenz de Santamaría deseó que Bruselas comunique la nueva senda fiscal cuanto antes y urgió a C's y a PSOE a facilitar la gobernabilidad, claves para recuperar "el pleno rendimiento y la normalidad".
