España está a la cola de Europa en lo que a fiscalización de los ayuntamientos se refiere. De entre los 8.125 municipios de nuestro país, el porcentaje de los que están auditados no llega ni tan siquiera al 10%, según los datos que manejan las principales firmas del sector. Pese a que se han dado pasos positivos en los últimos años en materia de transparencia, las asignaturas pendientes en el ámbito de la Administración más próximo a los ciudadanos siguen siendo numerosas, sobre todo si comparamos con lo establecido en otros países de nuestro entorno.
En los ayuntamientos españoles, toda la labor fiscalizadora está muy centralizada en el interventor, que tiene muchas obligaciones, de forma que la ley no permite auditorías externas, salvo que sea bajo control y supervisión. Otros socios europeos, sin embargo, no sólo fiscalizan a las entidades locales mediante auditorías y controles externos, sino que desde el ámbito privado también se ofrece a los municipios otro tipo de servicios para maximizar los ingresos públicos y conseguir que el gasto sea más eficiente... Es decir, cuentan con controles financieros más desarrollados.
José María Silva, socio de Auditoría de BDO explica que esto viene motivado, en parte, por su diferente organización y tamaño en relación a los ayuntamientos españoles. En España, los ayuntamientos son numerosos y atienden a un número medio de ciudadanos más reducido. Al mismo tiempo, disponen de un órgano superior (Diputaciones) que facilita soporte a sus actividades. Adicionalmente, la gestión y control está restringida por Ley a Cuerpos de la Administración. Así, "todos estos factores se traducen en una contratación de servicios profesionales externos, auditoría, consultoría o abogados muy limitada", sentencia Silva.
Por el contrario, en países como Alemania o Francia y, aunque la casuística es diversa, la contratación de servicios profesionales o consultoría en áreas como optimización de ingresos, racionalización de costes, implementación de herramientas informáticas que mejoren la gestión de lo público, "está mucho más extendida", recalca.
Según datos de la Federación europea de Asociaciones de Consultores (Feaco), los ingresos de consultoría derivados del sector público representan en Europa un promedio del 12,9%, aunque existe mucha dispersión, desde el 25% en Irlanda, hasta el 9,1% en Alemania, pasando por el 15,8% de España (se refiere a ingresos por consultoría del sector público en general y no se circunscribe a las entidades locales).
Carlos del Corral, también socio de BDO lamenta que no exista un gran movimiento a nivel estatal para obligar a los ayuntamientos de un determinado tamaño a que presenten sus cuentas auditadas y hace referencia, en concreto, al caso de Madrid, quizá el más llamativo.
Uno de los retos sería que los partidos políticos se implicasen y promoviesen cambios en este sentido, que considerasen la auditoría externa de los ayuntamientos como un ejercicio de transparencia que va a favorecer la relación entre las administraciones y los ciudadanos.
Los municipios en datos
El hecho de que el conjunto del sector local cerrase el año pasado con un superávit equivalente al 0,4% de su PIB (en torno a 5.000 millones de euros), no esconde que, por poner un ejemplo, un 32% de los municipios andaluces, un 13% de los extremeños y un 12% de los castellano-leoneses sigan sin haber rendido cuentas aún del último ejercicio del que les correspondía hacerlo, 2014, tal y como evidencian las cifras publicadas por el Tribunal de Cuentas.
Si bien es cierto que, con la entrada en vigor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las entidades locales conforman la única Administración que ha sido capaz, no solo de ceñirse a los objetivos de déficit fijados, sino también a generar un remanente positivo.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) considera altamente probable que las entidades locales cumplan con holgura el objetivo de estabilidad presupuestaria este año, si bien el posible superávit podría ser inferior al de años anteriores. Así, el organismo presidido por José Luis Escrivá prevé para este año un saldo positivo en el ámbito local entre el 0,3% y el 0,6% del PIB. La propia Airef reconoce en un informe que le había sido imposible recabar datos de algunos municipios.
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