
España se halla bajo vigilancia de la UE y su política económica quedará bajo tutela de Bruselas por segunda vez en cuatro años: se le exigen ajustes por valor de 10.000 millones hasta 2017 para poder cumplir con la senda fiscal comprometida y cuyo desvío le supondrá una pequeña sanción y la congelación de 1.100 millones de fondos.
La Unión Europea está a punto de dar a conocer la sanción que impondrá a España por haberse desviado del compromiso de déficit adquirido. Si bien, todo apunta a que ese 'tirón de orejas' no será demasiado abultado, sí supondrá que Bruselas fiscalice la política económica del país, sometiéndola a revisión trimestral, con el fin de que esta vez sí que el país cumpla con los objetivos pactados.
En la práctica, para conseguirlos, esto supondrá tener que recortar 10.000 millones de euros hasta 2017, tal y como apunta el País en un artículo. España deberá aprobar para ello unos Presupuestos austeros en otoño, algo que aumentará posiblemente los riesgos políticos en una España aún sin Gobierno.