La Comisión Europea (CE) afirmó hoy que España se ha quedado "muy por debajo" de los ajustes estructurales que tenía que haber hecho para corregir el déficit, entre otras cosas por haber bajado los impuestos el año pasado, y sostiene que tampoco logrará corregir el desvío en 2017.
"La relajación de la política fiscal en 2015 tuvo un gran impacto en el resultado" del desvío registrado, indicó la CE en su decisión remitida al Consejo de la UE, en la que determina que España -y también Portugal- "no ha tomado medidas eficaces" para corregir el déficit y en la que adelanta que "propondrá más adelante una nueva senda de ajuste" para que solucionar el desvío.
Guindos, por su parte, se ha mostrado convencido de que Bruselas no multará a España porque es la economía de la zona euro que más crece.
El déficit de España alcanzó en 2014 el 5,9% del PIB y en 2015 el 5,1%, si se incluye en ambos casos la ayuda financiera a la banca, lejos del 5,8% y del 4,2%, respectivamente exigido, y así se alejó definitivamente de poder bajarlo al 2,8% en 2016. El esfuerzo que ha hecho España entre 2013 y 2015 se estima en el 0,6% del PIB, "muy por debajo del 2,7% recomendado" por sus socios comunitarios, indica la CE.
Critica el gasto por el envejecimiento
La Comisión sostiene que las medidas de consolidación, por ejemplo en el marco de las reformas de la administración pública y del sistema de pensiones, "fueron insuficientes para compensar el impacto de algunas medidas expansivas implementadas en 2015, tales como la rebaja del IRPF y del impuesto de sociedades y la devolución parcial de la paga extra de Navidad" de 2012 a los funcionarios. También apunta a "la tendencia alcista en el gasto vinculado al envejecimiento de la población".
Uno de los argumentos expuestos por el presidente del Gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, y de su ministro de Economía, Luis de Guindos, para explicar el desvío era el impacto de la baja inflación, menor de lo que la CE había establecido inicialmente.
La Comisión reconoce que ello "hizo más difícil alcanzar los objetivos fiscales", pero a la vez afirma que el impacto de la inflación baja o incluso negativa "fue ampliamente compensado por un crecimiento más elevado de los esperado del PIB real". Además, explica, una "creación rápida de empleos", entre otras cosas, "benefició la reducción del déficit".
No aprovechó el momento
También indica que España no aprovechó los "vientos a favor", especialmente en 2015, para acelerar la reducción del déficit. "En su lugar se relajó la política fiscal, en particular a través de la reforma fiscal y un crecimiento dinámico del gasto", recalcó. Igualmente considera que los instrumentos Ley de Estabilidad Presupuestaria para prevenir y corregir desvíos "podrían haber sido aplicados mejor" durante 2014 y 2015.
Por otra parte, en el documento de trabajo que incluye el análisis de los servicios de la CE para fundamentar su decisión, el Ejecutivo comunitario menciona una previsión actual sobre la evolución del balance presupuestario. En ese cuadro sostiene que el déficit español se situará en 2016 en el 3,9% del PIB y en el 2017 en el 3,1%, con lo cual tampoco cree que España pueda corregir el desvío el año próximo.
Con más de 8.000 millones de desfase el pasado año respecto al objetivo marcado, y el control presupuestario descuidado desde la mitad de la legislatura, el colegio de comisarios se ha visto obligado a sacar la vara por primera vez en la historia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, a pesar de las dudas que tenía el mismo presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, en dar tal paso en un momento político tan sensible en España y en Europa. Ya pospuso la decisión el pasado mayo cuando debería haber adoptado la recomendación para evitar que la bomba cayera en un escenario ya sacudido por las elecciones españolas y el referéndum británico.
La multa, el 27 de julio
Una vez que los comisarios han aprobado esta opinión negativa sobre la falta de "esfuerzos efectivos" de Madrid y Lisboa, la pelota pasará a los ministros de Finanzas de la UE. El Consejo Ecofin discutirá el próximo martes (12 de julio) esta recomendación. Si la respaldan, empezará entonces la siguiente batalla por minimizar el castigo.
El Ejecutivo comunitario tendrá a partir del aprobado de los ministros 20 días para determinar el tamaño de la multa, que podría alcanzar hasta el 0,2% del PIB (más de unos 2.000 millones de euros en el caso de España) y la congelación de los fondos estructurales del próximo año. Por lo tanto, se podría imponer una multa a España y Portugal para el 27 de julio, en la última reunión de la Comisión Europa antes de las vacaciones estivales, dijo un responsable de la UE a Reuters.
Pero según dicen las reglas por estrenar del procedimiento sancionador del Pacto de Estabilidad, territorio ignoto para los eurócratas, la Comisión tendrá en cuenta las circunstancias económicas nacionales y también la argumentación que realice el país (petición razonada) para minimizar el tamaño del castigo. España tendrá 10 días para presentar esta petición razonada para evitar la multa.
