El Gobierno central ha cumplido con su amenaza de trasladar a la Comunidad Valenciana el pago de la multa de 18,93 millones de euros impuesta por Bruselas al Estado español por la manipulación de los datos del déficit entre 2008 y 2011 -con un desvío de 1.891 millones, atribuido a gastos sanitarios no registrados-. Hacienda da 10 días al Consell para presentar alegaciones, algo que el conseller de Hacienda, Vicent Soler, afirma que hará.
El conseller defiende que la multa se dirige contra el Estado, así como que "era competencia de la Administración central supervisar estos datos". Asimismo, rechaza la afirmación de la Intervención General del Estado de que, entre 2008 y 2012, "no contaba con poderes suficientes para comprobar la cuantía y contabilización del gasto por parte de las comunidades". Esto, según Soler, "resulta increíble", dados los avisos que dio la Sindicatura de Cuentas valenciana, cuyos informes se elevaban al Tribunal de Cuentas, tal y como constató la Comisión Europea en su investigación.
El portavoz de Hacienda del PSPV en Las Cortes Valencianas, José Muñoz, subrayó, además, que el ministro Cristóbal Montoro presentó las alegaciones a la multa ante Bruselas "fuera de plazo, imposibilitando, por ello, recurrir a la sanción".
Datos conocidos en 2012
Los hechos saltaron a la luz en 2012, cuando el Gobierno español informó al Eurostat de la revisión al alza del dato del déficit nacional en 0,4 puntos, tras salir a la luz los gastos sanitarios ocultos en la Comunidad Valenciana.
Se trata de la primera multa por manipulación contable a un país comunitario. El importe se considera "anecdótico", ya que podría haber alcanzado el 0,2% del PIB -unos 2.000 millones de euros-. Entre los "factores atenuantes" aplicados por Bruselas se destacó la cooperación de las autoridades españolas y valencianas en la investigación y que las cuentas se han regularizado y "se ha puesto fin" a los gastos no computados.
