Se proclama liberal y advierte de que la creación de empleo "no vendrá de una Administración hipertrofiada donde el gasto en empleo público supone el 11,9 por ciento del PIB, superando la media de los países desarrollados, del 11,3%". Muy crítico con las autonomías, a las que acusa de entorpecer la imprescindible liberalización económica que España necesita, Lacalle niega que exista "el derecho al déficit" y lanza un aviso al Gobierno que salga de las urnas el 20 de diciembre: el ajuste de las cuentas públicas habrá que realizarlo mediante reformas, porque "el recorrido de los estímulos monetarios y fiscales se ha agotado".
Acusa usted a las autonomías de muchos de los problemas de España, ¿por qué?
Las autonomías funcionan como miniestados, y en bastantes ocasiones su objetivo no es mejorar la creación de empleo o impulsar a las empresas, sino justificar su propia burocracia, su sector público. La realidad es que el Gobierno central tiene poca capacidad de tomar medidas de calado que las comunidades autónomas no quieran implantar. Andalucía va por libre, ¿Cataluña y País Vaco también?
¿Defiende entonces que hay que atornillar más a los Gobiernos regionales?
No se trata de asfixiarlos ni de coartar su autonomía, sino de que los gobernantes regionales entiendan que el derecho al déficit público no existe, es decir, que el déficit que no se puedan financiar con sus impuestos no lo pueden generar. Es intolerable mantener un sistema de incentivos perversos, por el que la comunidad que peor lo hace es la que más financiación recibe. Y no es una cuestión del color político del Gobierno, sino del modelo de Estado.
El crecimiento económico y el ajuste de las cuentas públicas son el cuento de nunca acabar. ¿Hasta cuándo nos mantendrán a flote los estímulos inyectados por el BCE?
Corremos el grave riesgo de acomodarnos a ir cumpliendo metas pequeñas de ajuste y a fiar el crecimiento a la actuación del Banco Central Europeo (BCE), a la popular maquinita de imprimir dinero. Ese error ya lo cometimos en el año 2009 -¿quién no se acuerda de los brotes verdes de la ministra Elena Salgado?- y fuimos a la recesión. El año próximo, el ajuste habrá que efectuarlo con reformas, no habrá estímulos fiscales o monetarios que nos salven las cuentas públicas.
¿De verdad tiene usted la receta para terminar con el desempleo? Es lo que promete en su último libro 'Acabemos con el paro'.
Hay cinco medidas claves. Primero, fiscalidad progresiva, que significa que el Estado no se empeñe en sacar dinero del empresario o autónomo que empieza, ni recaude los rescoldos de lo que queda. En segundo lugar, bajar impuestos y cuotas a empresas y emprendedores. Una tercera medida es favorecer a los autónomos y pymes, que son quienes generan puestos de trabajo de verdad. En cuarto y quinto lugar, una normativa laboral y empresarial clara y uniforme en todas las autonomías, y un decidido apoyo del Gobierno a la exportación.
Muchos empresarios reclaman abaratar el despido y suprimir derechos de los trabajadores fijos...
En España el problema no es abaratar el despido; el despido nunca ha sido caro. El problema es facilitar la contratación. A una empresa lo que le resulta oneroso es contratar, y por eso, aunque necesite emplear a tres personas más, sólo contrata a una, porque las cuotas sociales e impuestos se le disparan.
Es inevitable preguntarle por Cataluña y los programas de los partidos de cara al 20-D...
El desafío soberanista de Cataluña tiene una solución complicada, porque se ha introducido en la mentalidad del 45 por ciento de votantes la idea de que la independencia es la única vía. Para mí, la solución sería que el modelo de financiación combinara responsabilidad crediticia y control sobre los ingresos. Esa responsabilidad crediticia existe en Reino Unido y en Alemania, donde si un lander entra en dificultades financieras no recibe dinero de otro; o sube los impuestos a sus ciudadanos o recorta los gastos.
¿Se atrevería a decir qué partido político tiene el mejor programa para crecer y acabar con el paro?
Ante todo, déjeme decirle que la mayoría de los programas políticos son la carta a los Reyes Magos de un burócrata: no tienen conexión con la realidad ni con los problemas reales. Ahora bien, de los que conocemos, el del Partido Popular va en la buena dirección y lo ha hecho razonablemente bien, con reformas como la del mercado laboral o la rebaja del sector público, aunque se ha quedado corto en liberalización económica. Lo que a mí me parece una salvajada son los programas que suponen una vuelta al año 2008, que es lo que preconizan Podemos, IU y PSOE. El caso de Podemos es tremendo: ha anunciado ya cinco programas, dando bandazos: primero propone una renta básica universal, luego la retira, después proyecta un alza del gasto público de 60.000 millones, ahora lo duplica...
¿Ve riesgo de inestabilidad o vuelta atrás en la recuperación si el próximo Gobierno es una coalición?
Creo que, tras las elecciones, hay riesgo de que se introduzcan medidas intervencionistas y mayor rigidez en la economía, puesto que de los cinco o seis grandes partidos que optan a la Presidencia, tres se miran claramente en el espejo del intervencionismo griego. En mi opinión, el peor escenario posible es que gobierne una coalición de perdedores, porque sólo se ponen de acuerdo en gastar. Defiendo que gobierne el partido ganador, con su programa, con responsabilidad.
