La entrevista con el ministro de Justicia se celebra en su despacho oficial del vetusto edificio de la calle de San Bernardo, al que ha dado un aire moderno, minimalista y funcional, que contrasta con el resto de las estancias.
Rafael Catalá ha hecho de su profesión, el Derecho, su forma de vida y tiene un discurso moderado, pedagógico, sin florituras ni concesiones a la galería, especialmente sobre el desafío independentista catalán. Dice que la reunión de Mariano Rajoy con los líderes políticos es mucho mas que una escena de sofá y que, llegado el caso, aun con el Parlamento cerrado, el artículo 155 puede aplicarse con plenas garantías. No se le cae de la boca la palabra legalidad y la expresión "Estado de Derecho".
¿Usted también cree que lo del Parlamento de Cataluña, forzando la hoja de ruta independentista, es un órdago al Estado de Derecho y un golpe a la democracia?
Lo que está sucediendo en el Parlamento de Cataluña es un auténtico desafío a nuestra norma de convivencia y a la Constitución que nos ha servido para desarrollar la etapa de mayor crecimiento económico, social e institucional de la historia. El Gobierno de Cataluña está camuflando sus problemas de gestión y de corrupción planteando la independencia, que no es, en absoluto, el principal problema que tiene la sociedad catalana.
¿Qué consecuencias políticas y jurídicas tiene que se proclame la República catalana y se intente poner en marcha una Hacienda o una Seguridad Social propia?
Que la presidenta del Parlamento haga una proclama de la República catalana no tiene valor jurídico, porque es una mera declaración política, pero tiene un valor político muy importante porque es una falta de respeto a la pluralidad de Cataluña y a los catalanes que, en las elecciones del 27-S, no apoyaron mayoritariamente las listas que optaban por la independencia. Las instituciones actúan mediante acuerdos, resoluciones, leyes, etc. y esos son los actos que pueden ser susceptibles de impugnación jurídica, pero no antes de que se produzcan.
¿Es cierto que la Abogacía del Estado ha preparado ya una respuesta?, ¿en qué términos?
En los servicios jurídicos del Estado existen estudios de alternativas a seguir para garantizar que en España se respeta la Constitución y se cumplen las leyes. Ante un desafío de esas características, lógicamente desde el Gobierno se han preparado todas las líneas de actuación. Pero hay que tener una posición de prudencia, de mesura y proporcionalidad ante las actuaciones que se vayan produciendo.
Llegado el caso, ¿se podría aplicar el artículo 155 de la Constitución? Porque Artur Mas no parece que vaya a parar y está entregado a la CUP...
Si el Parlamento de Cataluña aprobase una resolución en los términos que se ha presentado la propuesta, podría ser impugnada ante el Tribunal Constitucional por inconstitucionalidad flagrante. Le correspondería al Constitucional conocer y decidir sobre ese recurso que presentaría el Gobierno.
¿Pero con las Cortes disueltas se podría aplicar el artículo 155? ¿Las diputaciones permanentes pueden hacerlo?
Sí. En nuestro modelo institucional nunca se produce un vacío. No hay vacío porque se hayan convocado elecciones, ni siquiera después de las elecciones hasta que se haya formado un Gobierno. Hay un Gobierno en funciones que garantiza todas las funciones institucionales, y lo mismo pasa en el Parlamento. Las diputaciones permanentes asumen todas las funciones que le corresponden a la Cámara y, llegado el caso, podrían aplicar el artículo 155 de la Constitución. Nuestro sistema institucional es cerrado, completo, y no tiene debilidades. Nadie puede encontrar el punto débil para saltarse la legalidad ni buscar atajos como están haciendo algunos.
¿Se puede acusar a 70 parlamentarios de cometer un delito... y estamos ante uno de sedición?
Conceptualmente, sí se puede acusar a 70 parlamentarios o los que sean de cometer un delito. El delito se puede cometer por una pluralidad de sujetos. Pero, insisto, hay que diferenciar la parte política, constitucional, de la parte del Código Penal, porque tiene otro planteamiento muy distinto. Los tipos penales son muy estrictos, no son genéricos y, por tanto, hay que hacer una labor de interpretación muy rigurosa, que es lo que hace la Fiscalía General del Estado, que está y estará vigilante para garantizar que en España se respeta la ley.
¿Usted también cree que Artur Mas pretende tapar con este desafío las mordidas de Pujol y la presunta corrupción de Convergencia?
Creo que todo este desvarío que ha llevado en los últimos tiempos el Gobierno de la Generalitat ?envolviéndose en la independencia y olvidándose del bienestar de los ciudadanos? tiene que ver con la situación judicial de la familia Pujol, con la presunta financiación ilegal de su partido y con la incapacidad para resolver los problemas creados por su política económica, que ha llevado a las agencias de rating a calificar de bonos basura los de la Generalitat de Cataluña. La independencia es una cortina de humo para tapar la corrupción y la falta de gestión.
Dígame, ¿una Cataluña independiente, con la deuda considerada 'bono basura', se podría financiar?
Un escenario de independencia de Cataluña sería, desde el punto de vista financiero, absolutamente inviable. Cataluña no ingresa, por ejemplo, lo suficiente para pagar las pensiones que se producen en Cataluña y es España quien las paga. Las agencias de rating lo que dicen ahora es que el Gobierno de Artur Mas no da garantía ni tiene solvencia. De hecho, empiezan a tener problemas de liquidez, porque ninguna entidad financiera les renueva sus créditos a corto plazo. El Estado ha tenido que cubrir ya más de 3.000 millones de euros de gasto farmacéutico de la Generalitat.
Oiga, ¿el encuentro del presidente con los partidos constitucionalistas será algo más que una ?escena de sofá? o debería cerrarse un documento de consenso?
Es mucho más que una escena de sofá. La posición que el presidente ha manifestado de firmeza en la defensa del Estado de Derecho y el hecho de compartirla con los líderes políticos transmite a los ciudadanos la idea de que todos los demócratas estamos juntos frente a un incumplimiento grave de nuestras normas de convivencia.
Ministro, ¿cómo es posible que haya habido mordidas del 3% de la familia Pujol -prácticamente desde el 82- que nadie haya dicho nada, y ahora puedan prescribir los delitos e 'irse de rositas'?
Primero hay que esperar a que haya sentencia, porque la presunción de inocencia es para todos. Dicho esto, a mí me extrañaría mucho que la mayoría de los casos de la familia Pujol prescriba; son hechos que no tienen tanta antigüedad. Además, gracias a las reformas que hemos aprobado esta legislatura se modifica el decomiso para poder recuperar los bienes fruto del delito.
Pues en la "ensoñación" de una Cataluña independiente dicen que la Justicia catalana archivaría estos casos?
Es absolutamente inimaginable un escenario de independencia, porque no cabe en la Constitución, y más todavía pensar en una Justicia que suspenda los procesos en vigor. Una justicia independiente es una pieza clave de cualquier Estado democrático del siglo XXI, y eso que algunos plantean sería impropio, ni siquiera de una república bananera. Usar un cambio político para exonerar responsabilidades judiciales es una locura inimaginable.
Pues de momento Bárcenas y los implicados en los ERE están en la cárcel, y los Pujol en la calle. ¿Se irán de rositas?
Aquí nadie se va de rositas; ni los Pujol, ni nadie. Los casos que usted plantea son procesos judiciales distintos. Cuando un juez toma medidas cautelares y privativas de libertad es porque tiene constatación acreditada de que existen riesgos o de fuga, o de destrucción de pruebas. Cada proceso tiene sus tiempos, pero la vara de medir no es distinta con Pujol que con Bárcenas, o con los ERE?
Sin embargo, para algunos hay similitudes entre las mordidas de Convergencia y las que hacia Bárcenas, o la Púnica?
Son planos totalmente diferentes, en el entorno cercano al PP ha habido una serie de personas que tenían cargos de responsabilidad y se lucraban individualmente, pero la instrucción de esos casos ha acreditado que no hay ninguna connivencia por parte del partido con esos comportamientos delictivos. En CDC, lo que se está investigando es la financiación de un partido a partir de unas fundaciones que recibían donativos de empresas adjudicatarias de contratos.
Oiga, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pone límites a la instrucción, ¿abre la puerta a la impunidad, o es una ley de punto y final como se ha dicho?
En absoluto. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ni es una ley de punto final de ninguna investigación, ni abre la puerta a la impunidad. Hay muchas medidas, muy importantes, en la reforma, y una de ellas es acortar los tiempos de la justicia penal. Nadie puede estar de acuerdo con que los procesos penales tarden años en sentenciarse. Hemos puesto plazos a la instrucción que se pueden prorrogar cuando hay causas que los justifiquen. En todo caso, el artículo 324.8 de la nueva Ley dice, expresamente, que en ningún caso el transcurso del plazo llevará consigo el archivo de las actuaciones.
Cambiando de tercio, ¿cómo se va a articular la retroactividad de la cláusula suelo con dos millones de afectados?
Tenemos que estudiar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y las entidades financieras deberán ver también el impacto de esa resolución, si afecta solo a las personas que han acudido ante los tribunales o a todas. A día de hoy no le puedo anticipar una respuesta concreta, porque el asunto se está estudiando por parte de la Asociación de la Banca, el Ministerio de Economía, y nosotros.
También supongo que ya no hay tiempo para ese famoso texto refundido de la Ley Concursal?
Durante esta legislatura hemos abordado diferentes reformas de la Ley Concursal y en este momento estamos planteando hacer un texto refundido que las ordene todas. Es evidente que en esta legislatura ya no hay tiempo, pero lo haremos nada más comenzar la próxima.
¿Y se han planteado retrasar la entrada en vigor de la reforma que agiliza los procesos judiciales? Porque los fiscales y los jueces dicen que no hay medios para hacerla?
No. No se va a retrasar su entrada en vigor y dotaremos los medios necesarios para que se pueda aplicar la reforma con normalidad, y si hacen falta refuerzos de plazas de fiscales las vamos a autorizar.
¿La recusación de los magistrados Enrique López y Concha Espejel es un varapalo para usted y para el Gobierno?
Respeto absolutamente la resolución de la Audiencia Nacional. Pero creo que unos jueces que ocupan posiciones en el Consejo de Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional si algo tienen es un mérito en su carrera y eso no es una contaminación que les haga perder su independencia en absoluto. Para mí es una mala noticia, no por las personas, sino porque se está mandando un mensaje a la carrera judicial de que cuando se acerca a las instituciones puede ser perjudicial en su carrera en el futuro, y eso no es una buena consecuencia.
Una curiosidad, ¿la prisión permanente revisable podría aplicarse en el caso de Asunta?
En el caso de Asunta, no concurren los elementos que justificarían o permitirían la aplicación de la prisión permanente revisable, porque ésta requiere que haya habido asesinato múltiple, o en los casos de menores que haya habido violencia sexual.
Con el 20-D a la vuelta de la esquina, ¿no cabe el riesgo de que el tema de Cataluña contamine las elecciones generales?
Sin duda, Cataluña va a formar parte de la campaña electoral, porque los partidos políticos tendrán que tener claro cuál es su planteamiento. En el PP tenemos clarísimo cuáles son los principios de la soberanía nacional, de la igualdad de derechos de todos los españoles y de la integridad de España. Otros aún siguen abriendo espacios para el federalismo asimétrico, pero allá ellos.
¿Aceptarían abrir el "melón constitucional", como plantea el PSOE?
En nuestro programa electoral no vamos a llevar ningún asunto que tenga que ver con la reforma constitucional, porque creemos que eso no es una prioridad para los ciudadanos, cuyas preocupaciones son la recuperación económica, la creación de empleo, las oportunidades para los jóvenes, las pensiones, etc.
¿Y de verdad cree que sólo con la economía pueden ganar las elecciones? Porque las encuestas dicen que van a perder más de 50 diputados?
Ese planteamiento de que nos hemos dedicado a la economía es tramposo y falso, porque las pensiones es economía, la sanidad es economía, la educación es economía, el transporte es economía? Si no funciona la economía, no hay sanidad, no hay educación, no hay pensiones, no hay empleo para los jóvenes, ni hay nada. Algunos ahora ya no quieren hablar de economía, porque estamos creciendo al 3,4%, y creando un millón de empleos.
¿Y qué pasa si Ciudadanos les exige la cabeza de Rajoy para darles su apoyo?
Eso sería absurdo e inaceptable. Mariano Rajoy va a ganar las elecciones el próximo 20 de diciembre, y es la persona con más legitimidad para continuar siendo presidente del Gobierno.
