La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, abogó este lunes por armonizar las rentas mínimas de inserción en las comunidades autónomas porque "la cobertura en nuestro modelo de protección es amplia, aunque a veces diversa y desigual".
Así se expresó Báñez durante unas jornadas organizadas por CCOO y UGT para presentar su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en demanda de una nueva prestación para personas sin recursos. CCOO y UGT quieren una renta de 426 euros para las personas en riesgo de pobreza.
Mapa de prestaciones públicas
Con el objetivo de llevar a cabo esta armonización de las rentas de inserción, el Gobierno, según explicó Báñez, está ultimando un mapa de prestaciones públicas en España ya que estas varían mucho en tiempo, cantidad, modelo y duración. El Ejecutivo se comprometió a elaborar este mapa en junio de 2014.
"Lo primero es que los españoles sean más iguales también en derechos sociales", defendió la ministra, quien mostró su disposición a "seguir hablando" para que "los más vulnerables no sean los más desiguales en España". Además, destacó que la crisis ha demostrado "la gran fortaleza del modelo de protección social que es ejemplo para nosotros y para Europa porque tenemos un modelo que está en la vanguardia europea", al dar cobertura a más de 13 millones de españoles.
"Queremos apoyar a los más vulnerables en la salida de la crisis", aseguró Báñez, quien recordó que al inicio de la legislatura ya había 2,8 millones de parados de larga duración en España.
CCOO y UGT quieren una renta de 426 euros
CCOO y UGT han comenzado hoy a recoger firmas para poner en marcha una Iniciativa Legislativa Popular que trata de comprometer al arco parlamentario para poner en marcha una renta mínima de 426 euros para más de dos millones de personas en riesgo de pobreza.
Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, han explicado hoy que la propuesta dotaría de este derecho subjetivo a personas de 16 a 64 años demandantes de empleo y sin rentas (es decir, con ingresos inferiores a 5.800 euros al año por persona).
Costaría 11.000 millones
Esta prestación, destinada a 2.151.000 personas, requeriría una financiación de 11.000 millones de euros (el 1% del PIB) vía presupuestos generales del Estado y que estaría vinculada a la Seguridad Social.
Los beneficiarios cobrarían indefinidamente en el tiempo esta ayuda mientras se mantuvieran esas menores rentas y la cantidad aumentaría en función del número de componentes de unidad familiar.
