
El diario griego To Vima ha publicado hoy la última propuesta de la Comisión Europea al gobierno de Alexis Tsipras con el objetivo de desbloquear las negociaciones que mantienen Grecia y sus acreedores. Un acuerdo que supone dar liquidez, y evitar el impago, a cambio de reformas y austeridad más adelante.
Según el documento, Bruselas está dispuesto a desbloquear 5.000 millones de euros de ayuda, lo que permitiría financiar a Atenas en 2015 y 2016, y aunque mantiene medidas de austeridad, parece que deja fuera las reformas más duras sobre pensiones y el mercado laboral. El objetivo declarado en el documento es "romper el nudo gordiano" de las negociaciones. Un portavoz de la Comisión ha dicho no conocer ninguna propuesta novedosa sobre el tema.
El informe publicado por la prensa griega añade que es probable que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no acepte estas nuevas condiciones, ya que es "muy diferente" al actual, muchas medidas se retrasan y sobre otras no hay estudios para evaluar su impacto. Asimismo, parece difícil que algunos de los acreedores helenos acepten una austeridad suavizada.
Evitar el default y ganar tiempo
Este dinero se desembolsaría en junio para atender a los problemas de liquidez de Grecia y evitar así el default, aunque el acuerdo global quedaría pendiente para octubre y muchas de las medidas propuestas también se pospondrían para después del verano.
De estos 5.000 millones, 1.800 millones serían préstamos directos de los socios europeos, y 1.900 millones provendrían de los beneficios obtenidos en 2014 por el Banco Central Europeo (BCE) sobre los bonos griegos adquiridos. El resto provendría también de las ganancias del BCE obtenidas en 2015 y se desembolsaría a partir de julio de este año.
Menos austeridad
Así, entre las concesiones que se darían a Syriza sería un menor superávot primario, que sería del 0,75% este año, frente al 3% inicialmente demandado. Esta cifra se iría elevando progresivamente: sería del 2% en 2016 y del 3,5% en 2017 y 2018.
En cuanto a la reforma del IVA, se impondría un tipo general del 18% para las transacciones en efectivo y un tipo del 15% para las transacciones con tarjeta, en un intento claro de luchar contra la economía sumergida. Asimismo, se establecería un tipo reducido del 6,5%. Estos cambios se introducirían después del verano, probablemente a partir del 1 de octubre, retrasando el calendario exigido hasta ahora.
Sobre el mercado laboral, la nueva propuesta no pone sobre la mesa medidas concretas, aunque sí pide un nuevo marco de negociación colectiva siguiendo las recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Con todo, algunas de las medidas más impopulares se mantendrían, como el impuesto sobre la propiedad, así como el incremento fiscal para aquellos que ganen más de 30.000 euros anuales.