Dar una imagen de unidad y evitar a toda costa que la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato prospere antes de las próximas elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo. Esas son las instrucciones que el presidente Mariano Rajoy ha trasladado en los últimos días a todos los miembros de su Ejecutivo, partido ahora mismo entre dos bandos y cuando se empieza a hablar dentro incluso de tribus internas dentro del mismo.
A tan sólo un mes de los comicios, ahora mismo están por un lado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, convencidos de que habrá que plantearse un relevo al frente del partido tras los comicios; y por el otro Rajoy y el resto de ministros, que siguen pensando que la recuperación económica será un aval suficiente para ganar, sino en mayo, si en las generales de final de año.
A la espera de lo que ocurra, Moncloa está centrando su esfuerzo en tapar la división interna y lograr que el proceso contra Rato se retrase. Según confirman distintas fuentes consultadas por este periódico, el Ministerio de Justicia habría intervenido así de forma directa para que la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, cambiara de criterio, recurriera la inhibición del juzgado de instrucción número 31 en favor de la Audiencia Nacional y dejara congelada la investigación a la espera ahora de que sea ahora la Audiencia Provincial de Madrid la adopte una decisión.
El jueves de la semana pasada, cuando tras una denuncia de la Fiscalía de Madrid, agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria entraron en el domicilio de Rodrigo Rato, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, llamó inmediatamente a Madrigal para reclamar el expediente alegando que había una conexión clara con los hechos que se estaban investigando ya en la Audiencia: la salida a bolsa de Bankia y el uso de tarjetas opacas.
Madrigal le dio la razón y, de hecho, confirmó el lunes esta teoría firmando el decreto que traspasaba las competencias sobre el caso a Anticorrupción alegando que Rato "habría intentado eludir" el pago de la fianza por la salida a bolsa de Bankia con su patrimonio personal, que en fuentes de la investigación, cifran en unos 27 millones.
Cambio de criterio
Madrigal veía en ese momento una conexión clara con la investigación de la Audiencia, pero fue una postura que defendió durante apenas unas horas porque al día siguiente de firmar el decreto anunció la presentación del recurso -lo hizo la propia Fiscalía Anticorrupción el miércoles- para que el caso siguiera en el juzgado 31.
El Gobierno había conseguido su primer objetivo y el caso quedaba en un limbo judicial que ha soprendido incluso al propio Rato. "No entiende nada de lo que está pasando, por no tener no tiene ni juez", aseguran a este periódico fuentes de su entorno, que insisten además en que para Rato no hay ninguna duda de que detrás de la investigación y del modo en que se produjo la detención "hay intereses políticos ocultos" .
Paralizado el caso, queda ahora por alcanzar así el segundo reto: la transmisión de una imagen de unidad, algo que no parece nada fácil porque la división en el Gobierno es total. Y eso por no hablar de la falta de sintonía con el partido, con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y la secretaria general María Dolores de Cospedal envueltas además en una batalla interna sin precedentes.
Para empezar porque mientras desde Moncloa se lanza el mensaje de que la filtración de las investigaciones a Rato partió desde un funcionario próximo al PSOE, desde el ministerio de Hacienda no se duda en seguir culpabilizando al titular de Economía, Luis de Guindos, que lo niega tajantemente. Y, del mismo modo, queda por despejar la incógnita de quien en estaba al tanto y quién no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo entorno a Rato. El ministro de Justicia, Rafael Catalá; el de Economía, Luis de Guindos o el de Interior, Jorge Fernández Díaz, se enteraron muy poco tiempo antes. De hecho, fue Catalá el encargado de infromar a Rajoy y lo hizo a las dos de la tarde del jueves 16 de abril, apenas unas horas antes de que se produjera la intervención policial.
Mientras, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría eludió ayer confirmar si el presidente Rajoy estaba al corriente del registro y de la detención de Rodrigo Rato.. "El Gobierno ni autoriza ni desautoriza las acciones de la Agencia Tributaria, de la Fiscalía o de los tribunales. Hasta ahí podíamos llegar", afirmó para puntualizar que "el Gobierno cumple la ley y no interfiere ni interviene en los procesos judiciales ni en los de otras instituciones"
La vicepresidenta si explicó que la Declaración Tributaria Especial de 2012 "afectaba sólo a las cantidades no prescritas", por las que se obligaba a los contribuyentes a pagar un 10 por ciento de lo declarado, pero "en ningún caso limpiaba el origen ilícito del dinero".
"Ni se perdonaba el delito ni se condonaba la deuda", apostilló Sáenz de Santamaría, antes de recordar que esta regularización, "que no amnistía", se hizo "teniendo en cuenta las recomendaciones de la OCDE", a diferencia de las realizadas por los gobiernos del PSOE.
Respecto a la publicación de la lista de los 715 investigados reiteró que en España "existe el principio de confidencialidad de los datos de los contribuyentes y todos los que tienen acceso a datos fiscales deberían respetar este principio". Admitió, sin embargo, que "no siempre se puede controlar y asistimos a filtraciones de este tipo con bastante asiduidad", en alusión al caso de Rodrigo Rato.
