El ministro griego de Trabajo, Panos Skurletis, aseguró hoy que su Gobierno no dará marcha atrás "ni un milímetro" en las negociaciones con los acreedores en materia laboral.
"No se plantea que en estos temas demos marcha atrás ni un milímetro, ni uno solo", dijo Skurletis en una entrevista con la emisora de radio Vima.
Líneas rojas en empleo
El ministro insistió en que "las líneas rojas siguen existiendo", en alusión a la negativa del Gobierno de Atenas a ceder a la exigencia de las instituciones que formaban la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) de liberalizar el despido.
El Gobierno de Alexis Tsipras, por el contrario, quiere restablecer la negociación colectiva.
Skurletis insistió en que las medidas que propone únicamente persiguen dar marcha atrás a la desregularización de mercado laboral impuesta por el Gobierno anterior y "no tienen coste financiero".
Por eso, opinó Skurletis, la "insistencia" de los acreedores en evitar que se restablezcan las negociaciones colectivas "es un punto de vista ideológico" que "puede contar con el consentimiento de un Gobierno neoliberal, pero no de uno cuya primera fuerza es Syriza".
Contra el trabajo ilegal
Con la tasa de desempleo mas alta de la Unión Europea (alrededor de 26%), el trabajo ilegal, que hasta el estallido de la crisis en 2009 se limitaba a los inmigrantes sin papeles, ha registrado un aumento exponencial en Grecia.
Según las estimaciones de Skurletis, en torno al 40% de los trabajadores no están dados de alta en la Seguridad Social o declaran muchas menos horas de las trabajadas en realidad.
Para combatir esta lacra, que ha contribuido a aumentar la erosión de las arcas de la Seguridad Social, Skurletis anunció al asumir el cargo que reforzaría la inspección de trabajo, tanto con recursos humanos como con mejores herramientas informáticas.
La lucha contra el trabajo ilegal había sido también el principal objetivo del ministro de Trabajo del Gobierno conservador anterior, Yanis Vrutsis.
Vrutsis introdujo en 2013 una multa de 10.500 euros para cada trabajador ilegal que descubriera la inspección de trabajo.