El Ministerio de Empleo y Seguridad Social está preparando la creación de una unidad especial dentro de la Inspección de Trabajo para perseguir el fraude en la formación para el empleo, una lacra que el Departamento que preside Fátima Báñez quiere erradicar y para lo que está dispuesto a actuar con todos los medios legales necesarios.
La creación de esta unidad, seleccionada especialmente entre el cuerpo de inspectores de trabajo, formará parte de la reforma y los trabajos para su creación son anteriores a las nuevas detenciones por el fraude en la formación ocupacional que se están produciendo a lo largo de esta semana.
El Ministerio de Empleo incluirá también en la reforma un endurecimiento de las sanciones para las empresas defraudadoras, que se añadirá a la devolución íntegra de las subvenciones bonificadas.
La gestión, bajo control
Dentro de este objetivo de lucha contra el fraude se inscribe también la creación de una agencia estatal de formación, tal y como adelantó elEconomista el pasado 24 de enero. Este nuevo organismo, dependiente del Ministerio de Empleo, sustituirá a la actual Fundación Tripartita para la Formación como órgano de gestión, evaluación, ejecución, seguimiento y control de la actuaciones formativas.
De esta forma, el Gobierno asume directamente el control de la formación para el empleo y responsables del Departamento explican que con la entrada en vigor de la reforma los sindicatos y las patronales "participarán en las labores de planificación estratégica de la formación, pero no en la gestión".
Este es uno de los principales puntos de discrepancia entre el Ejecutivo y los agentes sociales en el proyecto de reforma de la formación, aunque en el Ministerio señalan que siguen negociando y confían en que finalmente "habrá acuerdo". Eso sí, advierten de que en caso de que no sea posible el consenso "no vamos a dar marcha atrás en las reformas", que sí cuentan con el apoyo de las comunidades autónomas.
Libre concurrencia
Recordar que el proyecto del Gobierno incluye también la obligación para todas comunidades autónomas de sacar a libre concurrencia competitiva toda la oferta formativa de su competencia. El objetivo que tiene el Ministerio es que todos los fondos públicos destinados a la formación de oferta, que también cambiará su nombre para transformarse en "formación transversal y sectorial", salgan a libre concurrencia. En total, los recursos destinados a este fin se sitúan en torno a los 1.200 millones de euros anuales.
La reforma de la Formación para el Empleo impedirá también que los sindicatos y las organizaciones empresariales puedan presentarse como tales organizaciones a la oferta de concurrencia competitiva y sólo podrán hacerlo a través de las empresas que ya tienen constituidas u otras de nueva creación.
En medios próximos al Ejecutivo se apunta también que la oferta de formación deberá someterse a lo dispuesto en la nueva ley de subvenciones, que limita el adelanto de las otorgadas a sólo el 40%, y no a la totalidad del importe concedido, desembolsándose el resto de la cantidad cuando se ejecute efectivamente el proyecto.
Controlar la formación por decreto ley
