El Ministerio de Empleo está firmemente decidido a incorporar y aplicar los criterios de transparencia, competencia y unidad de mercado a la oferta de formación para el empleo, con objeto de impedir la repetición de las actuaciones fraudulentas investigadas en Andalucía y Madrid.
Para ello, el Departamento que dirige la ministra Fátima Báñez está estudiando crear una agencia estatal de formación que sustituiría a la actual Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, como organismo de gestión, evaluación, ejecución, seguimiento y control de las iniciativas de formación.
Esta agencia estatal estaría bajo la dirección del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y los agentes sociales participarían en la misma como miembros del consejo.
La creación de esta agencia pública se incluiría en el acuerdo de formación que el Gobierno está negociando actualmente con la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT, y que el Ejecutivo pretende tenga una duración plurianual, con vigencia de dos o tres años, y en el que se incluirá también la obligación para todas comunidades autónomas de sacar a libre concurrencia competitiva toda la oferta formativa de su competencia.
El objetivo que tiene el Ministerio es que todos los fondos públicos destinados a la formación de oferta, que también cambiará su nombre para transformarse en "formación transversal y sectorial", salgan a libre concurrencia, lo que, tomando como referencia el presupuesto del año 2013, supone destinar a este fin unos recursos de 1.200 millones de euros.
Esta cantidad es aproximadamente el 70% del total de los recursos públicos para formación, siendo el resto, unos 580 millones de euros, la dotación asignada a la formación de demanda que realizan las empresas.
La reforma de la Formación para el Empleo impide también que los sindicatos y las organizaciones empresariales puedan presentarse como tales organizaciones a la oferta de concurrencia competitiva y sólo podrán hacerlo a través de las empresas que ya tienen constituidas u otras de nueva creación.
En medios próximos al Gobierno se apunta también que la oferta de formación deberá someterse a lo dispuesto en la nueva ley de subvenciones, que limita el adelanto de las otorgadas a sólo el 40%, y no a la totalidad del importe concedido, desembolsándose el resto de la cantidad cuando se ejecute el proyecto.
Por otra parte, el Ministerio de Empleo, con el apoyo de los sindicatos, tiene también la intención de ampliar la oferta de formación a los desempleados, a lo que se opone la CEOE, que defiende que los cursos deben ser sólo para ocupados, dado que los fondos salen de las cotizaciones sociales que pagan empresas y trabajadores en las nóminas. También habrá planes específicos de formación para los autónomos y la economía social, dentro de la oferta transversal y sectorial.
El Constitucional respalda la reforma laboral
El Tribunal Constitucional ha avalado definitivamente la reforma laboral de Gobierno al rechazar que se haya vulnerado el papel institucional de las organizaciones sindicales y empresariales, el derecho a la libertad sindical o el derecho a la negociación colectiva, argumentos que esgrimían los recursos del PSOE e IU y que el Pleno de TC ha rechazado por nueve votos a tres. Ambos partidos consideraban también que la normativa atentaba contra el derecho al trabajo, el derecho a la tutela constitucional y a la tutela judicial efectiva.
La sentencia completa se hará publica la próxima semana y de esta forma, el Alto Tribunal mantiene la posición que ya mostró en julio al amparar varios preceptos de la reforma cuestionados por el recurso de inconstitucionalidad del Parlamento de Navarra.
Entonces, ya dio su visto bueno a la duración de un año del periodo de prueba del contrato indefinido de apoyo a emprendedores y consideró legal el descuelgue del convenio, es decir, la posibilidad de que los trabajadores y el empresario negocien sobre la no aplicación del convenio colectivo en algunos aspectos concretos.
Crecen los autónomos
