La proximidad de las elecciones y la falta de una reforma de la financiación obligan a Hacienda a aprobar un nuevo plan.
La deuda de las comunidades autónomas está desbocada, alcanzó los 232.009 millones de euros hasta septiembre, según los últimos datos del Banco de España. Con la intención de evitar que ésta se siga disparando y, el consiguiente colapso autonómico que esto provocaría, el Ministerio de Hacienda se ha visto forzado a anunciar un plan para mutualizar la deuda autonómica, que llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de la próxima semana. El nuevo instrumento pretende reducir a cero los tipos de interés de la deuda que las CCAA han contraído a través de los mecanismos de liquidez puestos en marcha por el Departamento (el Fondo de Liquidez Autonómico y el plan de pago a Proveedores), así como la que puedan contraer en un futuro, sea o no a través de estos instrumentos. La deuda que los Ejecutivos regionales han contraído a través del FLA y de Proveedores asciende, en total, a 93.000 millones de euros, el 40 por ciento de la deuda total de las CCAA.
La llegada del nuevo mecanismo se produce, además, a las puertas del año electoral, por lo que podría servir de espaldarazo a los Ejecutivos regionales para no tener que anunciar nuevas medidas de ajuste. Pero, por encima de todo, este plan para aliviar la carga de su pasivo supone un parche ante la falta de una reforma del actual modelo de financiación, a la que el Gobierno ha renunciado por falta de dinero y ante la proximidad de los comicios municipales y autonómicos.
Condiciones más severas
Nada se sabe, de momento, de las condiciones que los gobiernos autonómicos estarán obligados a cumplir para poder acceder a este instrumento, al que también podrán adherirse las entidades locales. Supondrán, en todo caso, una vuelta de tuerca al control que Hacienda ya tiene sobre las comunidades autónomas que han inclumplido hasta el año pasado su objetivo de déficit y que deben presentar y cumplir un plan de reequilibrio.
Ese mayor control obedece, fundamentalmente, a que, en adelante, será el Estado el que emita a través del Tesoro la deuda autonómica, el que decida hasta qué punto ésta es asumible o no.
Financiar los servicios públicos
Durante su comparecencia, ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Cristóbal Montoro dio por hecho que ninguna autonomía o ayuntamiento va a renunciar a la posibilidad de adherirse a este mecanismo. "Les estamos ofreciendo el ahorro de intereses que se deriva de que el Tesoro Público sea su Tesoro en los nuevos vencimientos que tengan las comunidades el año próximo", reiteró. Montoro incidió en que el plan se añade a las medidas que ya se adoptaron en julio de reducir el importe de los intereses por el FLA de 2012, 2013 y 2014 al uno por ciento; y de aplazar el pago del principal de la deuda a 2015.
Montoro aseguró, así, que el objetivo es dar mayor facilidad financiera a todas las regiones. "Estamos abaratando la carga de costes financieros de nuestras administraciones territoriales para favorecer que tengan más recursos para financiar los servicios públicos, y extendemos este mecanismo a las entidades locales, donde haremos lo mismo con los ayuntamientos", reiteró.
Del mismo modo, el ministro de Hacienda apuntó que en el año 2011 las comunidades autónomas tenían un déficit del 4,4 por ciento en conjunto, y que ese agujero se redujo hasta el 1,6 por ciento en 2013. Por ello defendió el esfuerzo que, tanto éstas como el resto de Administraciones, están haciendo por ajustarse a nuestros compromisos con Bruselas. Por este motivo, Montoro instó a las regiones a "hablar de sí mismas y dejar de mirar al vecino", en tanto que la mirada conjunta es la que corresponde al Gobierno.
Nueve autonomías en riesgo
Esta misma semana la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) presentó un informe en el que alertaba de los riesgos de incumplimineto de los objetivos de déficit para 2015, situado en el 0,7 por ciento. El organimo advirtió de que Andalucía, Cataluña, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana presentaban riesgos "muy elevados" de incumplimiento.
En Aragón, Baleares, Madrid y La Rioja, la Airef habla de "riesgos de incumplimiento". Si se cumplen estas perspectivas habría nueve comunidades autónomas que no se ajustarían el límite de déficit el próximo ejercicio, frente a las seis que lo hicieron en 2013, lo que obligaría a aplicar los mecanismos preventivos contemplados en la ley de estabilidad.
La mutualización anunciada por Montoro es vista con buenos ojos por la Autoridad Fiscal, que defiende que, de aplicarse, la medida conllevaría cierto "reeequilibrio de las desviaciones presupuestarias", lo que aliviaría la tensión de las comunidades por tener que alcanzar los objetivos el próximo ejercicio "a costa de constreñir las holguras en el presupuesto del Estado en lo relativo a intereses de la deuda", aseguran fuentes de la Airef.
La baza de los intereses
Esta última idea a la que alude la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y que, también ha reconocido en numerosas ocasiones el Gobierno, implica que España puede acometer medidas -como el nuevo plan para aliviar la carga del pasivo autonómico-, gracias a que nuestro país ha logrado reducir enormemente sus costes de financiación con las reformas puestas en marcha por el Ejecutivo y, muy especialmente, gracias a la actuación del Banco Central Europeo (BCE).
España dejará de pagar este año en torno a 5.000 millones de euros en concepto de intereses de la deuda, desde los 38.589 a los que tuvo que hacer frente el pasado ejercicio -y que suponían la segunda partida en importancia de los Presupuestos Generales del Estado, por encima, incluso, de los gastos de personal-. De acuerdo con lo establecido en las cuentas para el próximo año, el ahorro en costes financieros será, para nuestro país, del tres por ciento, de forma que habría que dedicar a este montante unos 35.590 millones de euros.
El Fondo de Liquidez
Este mismo mes, el Gobierno aprobó la distribución del remanente de 2.538 millones de euros correspondiente al Fondo de Liquidez de 2014. En total, las comunidades autónomas han percibido este año 23.241 millones de euros de este instrumento, de los que el 34 por ciento, es decir, 7.920 millones de euos, han ido a parar a Cataluña. Otro 26 por ciento y 6.057 millones de euros corresponden a la Comunidad Valenciana (ver gráfico).
En el lado opuesto se sitúan Extremadura, con 178 millones de euros, y Cantabria, con 344 millones, que son las autonomías que han tenido que acudir en menor medida a este mecanismo.
El modelo de financiación
Finalmente, el Gobierno ha renunciado a reformar esta legislatura el modelo de financiación autonómico, pese a los agravios que éste genera y a que cuenta con la oposición de buena parte del mapa regional. El Ejecutivo reconoce que debatir sobre los recursos del sistema y su reparto puede ser un "melón" complicado de abrir a las puertas de unas elecciones autonómicas y municipales.
Si bien, fuentes próximas al Departamento de Cristóbal Montoro aseguran que el Ejercutivo no cuenta con dinero para poder ponerla en marcha. De esta forma, el titular de Hacienda ha descartado cualquier cambio en este sentido "antes de que la economía consolide su recuperación". Entre los ejecutivos más beligerantes con el actual sistema se encuentran el madrileño, pero también el catalán.
Consejo de Política Fiscal
La próxima semana Montoro tiene previsto convocar a las comunidades autónomas en el marco del Consejo de Política Fiscal, en el que explicará el nuevo mecanismo de financiación. Así mismo, Hacienda deberá evaluar los planes de reequilibrio de cinco de las seis autonomías que el año pasado incumplieron sus objetivos de déficit. De todas, salvo de Aragón, que pasó la criba en julio: Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, Murcia y Castilla-La Mancha.
La deuda supera los topes fijados por Hacienda
