La red de más de cien empresas que usó David Marjaliza, presunto cerebro de la trama de corrupción Púnica, para conseguir contratos o tratos de favor de distintas administraciones públicas de la mano de su socio, el exsecretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, dejó una gran cantidad de bienes y activos inmobiliarios bajo su órbita.
La veintena de sociedades que controla actualmente y siguen activas, casi todas en el negocio del ladrillo, suman 300,9 millones en activos, aunque llegó a superar en los últimos años los 400 millones de euros.
Tanto Marjaliza como Granados están en prisión acusados de malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal, entre otros. Marjaliza, que está acusado de ser el núcleo de una organización criminal cuya actividad está vinculada a actuaciones administrativas relacionadas con el urbanismo se benefició de la compraventa de terrenos, fundamentalmente, en Valdemoro, localidad en la que Granados, exsecretario general del PP madrileño, fue alcalde.
Es, de hecho, lo que denunció en su día David Merino, exdirector general de la constructora Dico, con la que Marjaliza hizo importantes negocios.
Conexiones
Las firmas en la que más bienes acumula Marjaliza son Anahid Gestión, una promotora inmobiliaria con un solo empleado de la que cuelgan tres sociedades, con 17,8 millones en activos; Servicios Logísticos Inmobiliarios, otra promotora con un empleado y 16,5 millones en bienes, y Vancouver Gestión, de la que posee un 45,8 por ciento a través de Servicios Logísticos. Según las últimas cuentas publicadas, la inmobiliaria Vancouver tiene unos activos totales de 205,25 millones.
Del total, 54 millones los tiene en terrenos y construcciones y 97 millones en otras existencias. Vancouver Gestión es la mayor de todas las firmas y llegó a tener en 2010 activos por 317 millones. La firma se hizo con varios terrenos en el sur de Madrid, en municipios como Torrejón de Velasco, investigado en la operación Púnica, y cuyo alcalde, Gonzalo Cubas Navarro, ha dimitido tras ser detenido acusado de prevaricación, malversación, revelación de secretos, cohecho y fraude, entre otros.
Eloy Velasco, el juez que instruye la causa, señala que Cubas, que es cuñado de Marjaliza, seguía las instrucciones del empresario "sobre cuándo y a quién facturar, manteniéndole puntualmente informado de este y otros aspectos que atañen a sus sociedades".
En este punto, el magistrado aseguró que Cubas estaría articulando un procedimiento para adjudicar a una firma del empresario Eduardo de la Peña, también imputado, "unas obras subvencionadas para la rehabilitación de un río de la localidad".
De la Peña, que fue enviado a prisión eludible con una fianza de 50.000 euros, es, según Velasco, administrador en varias empresas del grupo de Marjaliza vinculadas a la construcción y reformas "que emplea para la generar facturas falsas para conseguir efectivo para el pago de cohechos".
Pero, más allá de Torrejón de Velasco, la sombra de Vancouver Gestión llega a enlazar con la trama Gürtel. En 2013, el juez Pablo Ruz requirió a la empresa toda la documentación relativa a la venta de una parcela en Valdemoro, así como sus operaciones con la constructora Teconsa, una de las más importantes implicadas en la presunta red de financiación ilegal del PP. La operación de Valdemoro, uno de los epicentros de la trama Púnica, ascendía a unos doce millones.
Además de Marjaliza, entre los accionistas de la inmobiliaria aparece Promodico, filial del grupo Dico. La promotora, capitaneada por Julián Jiménez de los Gaitanes, fue una de las protagonistas del desarrollo urbanístico de Valdemoro y, entre otros proyectos, construyó la promoción de Altos del Duque II, urbanización en la se encuentra el chalé donde vive Granados, valorado en 230.000 euros y que, presuntamente, nunca pagó.
El exdirector general de operaciones de Dico, David Merino, aseguró en una denuncia presentada en 2009 que su grupo pagaba sobornos a Granados a cambio de la adjudicación de terrenos o proyectos en Valdemoro. "El dinero pactado de las comisiones siempre lo entregaban a Francisco Granados, bien Julian Jiménez, bien Francisco Colado. Se generó dinero en B para atender a dos comisiones, una de ellas para el alcalde de Valdemoro.
Por algunas adjudicaciones se llegó a pactar el pago de 230.000 euros a Granados o de hasta 600.000 por la construcción de unos chalets.", dice entonces el exdirectivo. Merino señaló que los terrenos de Valdemoro que se recalificaban eran comprados por empresas de Marjaliza o la propia Dico.
Una red con 100 empresas ilegales
