Economía

El socio de Granados usó cien empresas para crear una "organización criminal"

  • El empresario impulsó el complejo entramado para evitar su control

David Marjaliza, uno de los cerebros de la trama de corrupción Púnica y socio del exsecretario general del Partido Popular (PP) en Madrid, Francisco Granados, montó, en los últimos años, una red con más un centenar de sociedades para conseguir contratos en distintas administraciones. En el último auto dictado ayer, el juez Eloy Velasco, que ha decretado su ingreso en prisión, asegura que Marjaliza es "el responsable de crear un complejo entramado empresarial para ocultar los beneficios de su actividad, tanto la lícita como la delictiva y para evitar el control de las autoridades, dificultando que se vincule con las adjudicaciones públicas continuadas que recibe en aquellas administraciones donde actúa en concertación con autoridades públicas y funcionarios corruptos".

En este punto, el empresario, en línea con el exdirigente popular, está acusado de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo, fraude y malversación, tráfico de influencias, cohecho y falsificación, entre otros. Granados, a prisión y sin fianza.

Según los datos que figuran en el Registro Mercantil, Marjaliza controla el 100 por cien de las sociedades Arauna y Anahid Gestión, además de un 34 por ciento de Valdemoro Gestión Inmobiliaria. Serían las cabeceras de la trama, cuya principal actividad es el negocio inmobiliario. De ellas cuelga el resto de una red de aproximadamente una veintena de sociedades que siguen activas y en las que Marjaliza figura como accionista, administrador único, consejero o apoderado.

Pagos en B y cacerías

El presunto socio de Granados en la trama delictiva ha creado o participado también en los últimos años en otras 80 sociedades, pero muchas de ellas se han ido liquidando o se han dejado sin actividad alguna. Por ejemplo, Marjaliza era accionista de Obrum, la empresa que se fusionó con el grupo Dico dando lugar a la sociedad DHO. El exdirector general de Dico aseguró en un escrito que invitaba a Granados y a su sustituto en la Alcaldía de Valdemoro a participar en cacerías donde, presuntamente, se pactaban el reparto de comisiones a cambio de contratos públicos y se establecían los artificios contables para ganar dinero en B.

Según las investigaciones, las comisiones que supuestamente cobraban Granados y Marjaliza como conseguidor iban a parar a cuentas radicadas en Suiza, donde llegarían a acumular 5,8 millones de euros.

Activos millonarios

Entre las distintas firmas, una de las más importantes, actualmente bajo investigación judicial, es Arauna Corporación y Consulting, con un patrimonio neto de 587.000 euros, pero que viene declarando números rojos desde hace años. De ella cuelgan Servicios Logísticos Inmobiliarios y Adema Gestión.

La primera tiene a su vez el 45,82 por ciento de Vancouver Gestión, que agrupaba a gran parte de las promotores inmobiliarias, con unos activos que en 2010 llegaron a superar los 317 millones de euros, siempre según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil de Madrid.

Parte del patrimonio de Marjaliza se desvió, sin embargo, a cuentas en Suiza, por lo que habrá que esperar a la investigación que se está llevando a cabo también allí, en colaboración con la Audiencia Nacional. De momento, el juez Velasco ha señalado ya en el auto la sospecha de las autoridades helvéticas acerca de un posible blanqueo de capitales, en el que estaría implicado Granados (ver página 8).

Toda vez que Marjaliza era la "cabeza de un amplio entramado empresarial, núcleo de una organización criminal, cuya actividad está vinculada a actividades administrativas como promociones urbanísticas, contratos públicos o concesiones urbanísticas". Y es que el socio e íntimo amigo de Granados se habría "aprovechado de sus amplias relaciones personales y políticas para lograr adjudicaciones irregulares, tanto para sus propias empresas como para terceros".

Así, el juez le considera el centro de una amplia red de tráfico de influencias "que ha patrimonializado la actividad pública de contratación y urbanismo".

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