El Gobierno dio quince días de consulta pública y no ha sido suficiente. El Ministerio de Hacienda ultima un texto que no sea rechazado por patronal, sindicatos y expertos y uno de los pocos puntos en común sería el de poner un tope a la tributación de la indemnización por despido de 180.000 euros.
La postura supondría emular la fiscalidad que tienen ahora los sistemas forales del País Vasco y Navarra. En concreto, a diferencia de la regulación estatal, en estos territorios solo tributan a Hacienda las indemnizaciones que superen este montante. "Por ahí van los tiros", confirmaron a elEconomista fuentes de los agentes sociales presentes en la última reunión mantenida entre sindicatos, patronal y el Ministerio de Cristóbal Montoro.
En medios próximos a la negociación consideran "muy significativo" que el ministro recibiera ayer en Madrid a la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, comunidad donde ya tributan las indemnizaciones de más de 180.000 euros.
También desde Hacienda vaticinan que el acuerdo está cerca. "Aun estamos intercambiando papeles pero esa opción que plantearon los sindicatos gozó de consenso entre los agentes sociales", confirman fuentes del Ministerio. En esta línea, sin concretar el umbral, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, explicó ayer que "lo están analizando" y que para ello, el criterio de representantes y trabajadores es muy importante.
En este sentido, el tope máximo de los 180.000 euros se habría convertido en un mal menor para los sindicatos que siguen criticando el por qué de esta norma si ni siquiera tiene fin recaudatorio. Según los cálculos del propio ministerio, el año que viene esperan ingresar por estos efectos unos 130 millones, cantidad que podría descender a 70 porque el Ejecutivo espera que el número de despidos caiga por la recuperación de la economía.
Igualdad entre los territorios
Al margen de ser el punto medio entre negociadores, Gestha subraya como luz entre "muchas sombras" que si Montoro finalmente le da el visto bueno, esta nueva regulación representaría igualar la tributación de todos los españoles. "No tiene sentido que en el País Vasco y Navarra se de un tratamiento favorable". Gestha cuestiona, sin embargo, otro de los argumentos de Hacienda, que apunta a que esta norma acabaría con muchos de los fraudes entre empresas y trabajadores que pactan indemnizaciones millonarias. "Hagamos una ley para castigar a los defraudadores y no cambiemos todo el sistema porque sí", explica el presidente de Gestha, Carlos Cruzado. En concreto, lo que propone el sindicato de los técnicos de Hacienda es que se sancione aquellos despidos en los que haya "prueba de pacto".
Otro de los "peros" de este giro en el coste del despido es el perfil del sujeto al que principalmente afectaría. "Es evidente que la propuesta inicial del Gobierno hace que tributen una buena parte de las indemnizaciones de los trabajadores con salarios medios, por encima de 20.000. Y cuanto más alta sea la antigüedad más alta será la tributación, con lo que afecta de manera especialmente negativa a los trabajadores de más edad, que tienen más dificultad para reintegrarse en el mercado de trabajo", explica Martín Godino, socio director de Sagardoy Abogados.
Un argumento que, por cierto, ha calado en el ministerio, que ahora también baraja incluir en el anteproyecto un límite de edad para que "los más mayores" sí que se beneficien de una exención.
Deducción en Sociedades
La idea que seguro que ha quedado descartada es la que puso sobre la mesa el propio Montoro de fijar como gasto no deducible en el impuesto de Sociedades esta indemnización. "No gusta a empresarios, ni siquiera a los propios sindicatos", confirman desde Hacienda.
Otro tema a resolver es el cuándo entraría en vigor. Según anunció el propio ministro, las idealizaciones por despido tributan desde el pasado 20 de junio-cuando presentó la reforma públicamente Montoro- lo que deja sobre la mesa la hipótesis de que el Ejecutivo aplique una norma que todavía no está aprobada a extinciones contractuales ya producidas cuando entre en vigor la norma. "Esta situación vulnera la debida no retroactividad de las normas restrictivas de derechos o desfavorables, al margen de introducir una incertidumbre jurídica claramente negativa ", explican desde Sagardoy.
Ante todos estos revulsivos, Montoro quiere encontrar como sea avales de su reforma fiscal antes de aprobarla definitivamente en el Consejo de Ministros de este viernes o, a más tardar, del siguiente.
Por su parte, Miguel Ferre, confirmó también ayer en El Escorial que el Consejo de Ministros aprobará la reforma fiscal "este viernes o el siguiente".
El 80% de las indemnizaciones quedarán exentas