
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy un nuevo marco normativo para favorecer la financiación de las empresas y la creación de empleo que se aprobará este mismo viernes en el Consejo de Ministros. Como "gran novedad" ha adelantado una reforma de la normativa concursal que permitirá a las empresas viables reestructurar su deuda "cuanto antes". En Directo | Debate sobre el estado de la Nación.
En concreto, según ha explicado el jefe del Ejecutivo, el Gobierno facilitará que alcancen acuerdos concursales y puedan "convertir deuda en capital social". "Se permitirá de esta forma un intenso desapalancamiento de las empresas con viabilidad", ha explicado.
Esta iniciativa ya fue adelantada por el ministro de Economía, Luis de Guindos, a principios de febrero. La intención del Gobierno es modificar la legislación para intentar salvar a compañías solventes con especial relevancia por su tamaño y número de empleados, como podrían ser Pescanova o Eroski, facilitando la negociación con los acreedores, especialmente con la banca.
En este punto, aunque no se han aportado detalles de lo que se aprobará este viernes, el cambio legislativo irá encaminado a reducir los plazos y la complejidad de los procesos de refinanciación. La creación de un fondo al que traspasar la deuda empresarial, al estilo de un banco malo, podría ser el centro de esta reforma.
Acceso a la financiación
Mariano Rajoy ha aprovechado el debate del estado de la nación para poner énfasis en la importancia del acceso al crédito por parte de las pymes como parte fundamental de la creación de empleo. Para impulsar su actividad, el jefe del Ejecutivo ha adelantado un plan para favorecer la financiación no bancaria que será aprobado esta misma semana.
El presidente ha asegurado que se trata de un conjunto de leyes destinadas al fomento de la financiación no bancaria para pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de que puedan mejorar su liquidez y convertir "esta inversión en empleo".
Una de las medidas que se activarán será la de fijar más garantías para las empresas, a través de una obligación de preaviso de las entidades financieras de "al menos" tres meses cuando se vaya a cancelar o reducir notablemente la financiación de las pymes. Además, las empresas tendrán derecho a conocer la información crediticia que tengan las entidades financieras sobre ellas, para corregir posibles errores que perjudiquen su imagen de solvencia y dificulten su acceso al crédito.
Otra de las vías con las que el Gobierno pretende "allanar" el acceso a la financiación es la llamada 'Ley Ascensor', que articulará procedimientos reglados para que una empresa que va ganando tamaño pueda ir accediendo a formas de financiación cada vez más sofisticadas como fondos de inversión o el MAB. También se mejorará el régimen de emisión de obligaciones, de titulizaciones y de inversores institucionales, puntualizó Rajoy.
Por último, se planteará una modificación de la legislación de capital riesgo que permitirá "crear una nueva forma de inversión, el capital riesgo-PYME", que según el presidente del Gobierno tendrá "grandes ventajas" para los inversores.