Entre 650 y 700 millones de euros es el coste por los daños ambientales causados por los incendios que asolan Galicia, según han cuantificado desde WWF/Adena. Aunque la situación parece controlada, otros territorios siguen en peligro, encabezados por Extremadura, la comunidad autónoma con más riesgo de sufrir un incendio.
Además, estima que cerca de 60.000 hectáreas han sido arrasadas por las llamas, cifra que triplica o incluso cuadriplica las quemadas en Guadalajara el verano pasado (17.000 hectáreas).
Actualmente, 7.000 personas trabajan en la extinción de los 200 focos activos, un centenar de ellos aún sin controlar. Para esta tarea, el Ministerio de Medio Ambiente ha aportado 25 medios aéreos, y cuentan con la ayuda de efectivos procedentes de Portugal, Francia e Italia, a los que también se sumará la ayuda de Marruecos.
Detenciones
Desde WWF/Adena están convencidos de que la mayoría de los incendios fueron intencionados, por lo que exigen el refuerzo de los medios desplegados por los Cuerpos de Seguridad del Estado. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, descartó ayer decretar el estado de alerta en Galicia, tal y como solicitó el líder de la oposición, Mariano Rajoy. Rubalcaba señaló que ya son 20 los detenidos.
Extremadura, la región con más riesgo de incendios
Galicia no es la única comunidad pendiente del fuego. Extremadura tiene más posibilidades de sufrir un incendio que la comunidad gallega. Según el incendiómetro elaborado por WWF/Adena, hay un 72 por ciento de posiblidades de que se generen fuegos en la región. Madrid sigue a la comunidad extremeña con el 61 por ciento de riesgo, seguida de Asturias (58%), Castilla y León (57%), Castilla la Mancha (56%) y Cantabria (55%).
Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, País Vasco y Aragón se mantienen en un nivel de alerta intermedio, siendo las dos primeras las que padecen más riesgo de incendio. El resto del país se mantiene con un riesgo leve.
Esta iniciativa ha sido llevada a cabo por WWF/Adena para mostrar la evolución de la problemática de los incendios forestales en cada Comunidad Autónoma. Para su elaboración se ha valorado la eficiencia de las políticas autonómicas en el control del riesgo ambiental, social y económico de los incendios forestales.