La Generalitat de Cataluña está estudiando qué puede vender y qué no para ingresar en 2014 unos 2.318 millones de euros, cifra que le permitirá reducir el déficit público autonómico del 1,58 al 1% sin tener que meter de nuevo la tijera a los gastos.
Con esta meta se ha creado la Comisión de Optimización de Activos, un organismo dependiente de la consejería de Economía, pero formado por técnicos de los diferentes departamentos del Gobierno catalán.
Estos técnicos deben valorar tanto las posibles ventas como las concesiones públicas para evitar por todas las vías posibles que se repita lo ocurrido con la concesión de Aguas Ter Llobregat (ATLL) a Acciona, una operación que supuso unos ingresos de 1.000 millones para la Generalitat, pero que fue recurrida por Aguas de Barcelona y ahora sigue en los tribunales.
Tres son las primeras operaciones que está estudiando la Comisión de Optimización de Activos: la venta del parque público de vivienda social del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), la concesión del servicio de depuradoras y la venta la multinacional Applus del 20 por ciento del capital del Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil (Idiada) en manos de la administración autonómica.
Más de 14.000 viviendas
El Incasòl es propietario actualmente de un parque formado por más de 14.000 viviendas. Este organismo es el encargado de la promoción de vivienda pública que, normalmente, acaba vendiendo, pero el estallido de la burbuja inmobiliaria dejó a muchos de los posibles compradores sin los recursos necesarios para poder hacerse con los pisos que les fueron adjudicados. Ante este situación, el Incasòl ha creado un parque de viviendas en alquiler, que ahora son las que pondrá a la venta.
Según fuentes de la Administración catalana, existe el interés de algunos fondos inmobiliarios internacionales por comprar algunos paquetes de inmuebles en alquiler, sobre todo en las ciudades poblaciones más grandes. El conseller de Economía, Andreu Mas-Collel, espera ingresar más de 800 millones por la venta de este parque de vivienda social en alquiler.
En Madrid, los fondos de inversión Goldman Sachs y Blackstone han competido por la compra de las viviendas sociales en alquiler. En concreto, Goldman Sachs ha adquirido 3.000 pisos al Ivima por valor de 201 millones, mientras que Blackstone compró 1.860 pisos a la Empresa Municipal de la Vivienda por 128,5 millones. Actualmente ambos pugnan por 1.458 pisos sociales del Ayuntamiento de Madrid y 420 que ha puesto a la venta la inmobiliaria FCC.
La segunda operación que analiza la Comisión de Optimización de Activos es la venta del 20 por ciento e las acciones del Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil (Idiada), un circuito de pruebas para automóviles promovido por la Generalitat y cuyo capital controla en un 80% la multinacional de la certificación Applus.
La administración quiere venderle su paquete a Applus ahora que esta compañía se está planteando su salida a bolsa y cotizar en el mercado español o británico. Idiada ofrece servicios de diseño, ingeniería, ensayos y homologación para el sector de la automoción y está ubicado en El Vendrell (Tarragona).
Finalmente, la Comisión de Optimización de Activos está analizando la posibilidad de dar una concesión a 50 años sobre las depuradoras de Cataluña, pero los expertos tienen dudas sobre la posibilidad de realizar la operación dentro del ejercicio 2014 ya que muchas de estas instalaciones de tratamiento de aguas son de ayuntamientos, lo que conlleva transferir la titularidad previamente.
Mas busca dinero con privatizaciones