El Gobierno ha aprobado hoy el Anteproyecto de Ley de Desindexación de la Economía, por el que la actualización de rentas, precios y otros conceptos de las Administraciones Públicas dejará de estar vinculada a la evolución del índice de precios al consumo (IPC).
El Ministerio de Economía y Competitividad ha informado en un comunicado de que esta ley, que entrará en vigor previsiblemente en enero de 2014, supondrá que cualquier revisión de precios regulados deberá estar justificada por la evolución de los costes y no por la inflación.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado en rueda de prensa que esta norma supone la "retirada de los efectos perversos" de la vinculación al IPC y que forma parte de una "cultura de estabilidad de precios que permita mejorar y ganar en competitividad".
Implantación en el sector privado
El Gobierno aplicará esta ley en las administraciones central, autonómica y local, al tiempo que quiere promover su adopción voluntaria por parte también del sector privado, si bien, en los supuestos en los que falte un acuerdo explícito por contrato, se aplicará la no indexación de forma automática.
Quedan excluidos de esta norma la negociación salarial colectiva (tanto en el sector privado como en el del personal laboral del sector público), las pensiones y los instrumentos financieros.
Según los cálculos del Gobierno, los gastos de bienes y servicios regulados que afectan a los hogares suponen el 7% del total, unos 36.000 millones de euros anuales, el 3,5% del PIB.
El IPC se desploma en septiembre al 0.3%
