El Gobierno de Mariano Rajoy ha dejado claro que quiso tomar la vía rápida, es decir, recurrir a subidas de impuestos, a la hora de diseñar su plan de acción ante la emergencia económica que aún vive España.
El Programa de Estabilidad que el Ejecutivo presentó este año a Bruselas bosqueja una economía que contará en 2015, al final de la legislatura, con recursos extra por valor de más de 120.000 millones de euros. Pero, cerca del 30 por ciento de tan abultada cantidad se deriva de agujerear más el bolsillo de los contribuyentes.
El incremento de los impuestos directos e indirectos aportarán nada menos que 32.875 millones del gran impacto económico total con el que, según explica a la Comisión Europea, el Ejecutivo espera cerrar mandato.
Por esas fechas, el efecto que van a tener las políticas que el Gobierno ha puesto ya en marcha, según su propia versión, será de tanto calado, los mencionados 120.000 millones, que debe medirse a escala europea para tener noción real de su alcance.
Así, una cantidad semejante es la que el Consejo Europeo puso sobre la mesa el año pasado con el propósito de impulsar el crecimiento y el empleo en toda la Unión Europea (UE). Con todos esos euros se podría también volver a rescatar a Grecia con recursos comparables a los que se movilizaron para su primer auxilio, en mayo de 2010, o incluso se igualarían los efectos anuales que para la Unión tendría la puesta en marcha de uno de los proyectos económico-políticos más ambiciosos de su historia: el tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Gran calado
No en vano lo que está sobre la mesa son cambios de alcance tan largo como la reforma de las Administraciones Públicas en su conjunto, presentada antes del verano.
Solamente los 37.700 millones de euros que se prevé que dé de sí esta revolución del sector público, entre 2013 y 2015, superan ya de largo los casi 33.000 millones que se derivan de las elevaciones del IRPF, del IVA y de los tributos especiales que gravan al alcohol y al tabaco.
Sin embargo el Ejecutivo se ha resistido a renunciar a ninguna, y se aferra a ellas hasta el punto de que toda posibilidad de cambio se posterga a, precisamente, 2015, el final de la legislatura y está dispuesto a asumir el desgaste político y en términos de popularidad.
Ese empecinamiento puede deberse a que, en realidad, Moncloa no espera tanto de sus reformas estructurales y de los recortes de gasto en ámbitos como la educación o la sanidad.
En otras palabras, cabe el riesgo, con todo, de que las estimaciones de Moncloa estén hechas a la europea, no sólo en cuanto a su envergadura, sino también en lo que respecta a la dificultad para que realmente se materialicen y tengan efectos.
Bruselas reconoció hace pocas semanas que en absoluto los 120.000 millones de estímulos provisionados el año pasado se utilizaron "en todo su potencial"; la mejor prueba de ello es que la Unión ha sido hasta hace poco la única gran área económica del mundo que seguía en recesión y su tasa de desempleo está en máximos.
Sin concreción
Del mismo modo, los expertos de los Ministerios de Economía y Hacienda se cuidan de concretar demasiado las cifras que ponen bajo la supervisión de Bruselas, de hecho sólo las aproximan, y dejan claro que su origen es variado: aumento de ingresos gracias a las subidas impositivas, ganancia de eficiencia derivada de contar con Administraciones más reducidas, ahorro por la eliminación de gastos o por reducción de la prestación de servicios?
Es más, no haría falta poner patas arriba el sector público en su conjunto para conseguir unos resultados notables en la medida en que sólo con la reforma limitada al último nivel del sector público, el propio de las entidades locales, el Ejecutivo, según pone al corriente a Bruselas, tiene la posibilidad de ahorrar 8.000 millones de euros, a los que se suman los 2.000 millones de recursos extra que están suponiendo las medidas de ajuste que por su parte están aplicando los ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades.
Llegar a esas cifras, en ésta como en otras reformas, no dependerá tanto de la voluntad del Gobierno. Existen variables mucho más complicadas de controlar como el comportamiento que mostrará el PIB hasta el final de la legislatura o la influencia que ejercerá la incertidumbre si vuelve a cernirse sobre los mercados. Y pueden emerger aún otros obstáculos capaces de cortar alas a las políticas, como precisamente en el caso de la reforma local, las objeciones que el Consejo de Estado puso a sus propósitos.
El sistema no es sostenible
