El informe del Consejo de Estado sobre la reforma de la Administración Local que el Ejecutivo quiere llevar a cabo cuestiona duramente la constitucionalidad del proyecto. Advierte de que puede reducir "en exceso" la autonomía municipal garantizada por la Carta Magna.
El dictamen del órgano consultivo explica que el concepto del proyecto definido como "coste estándar" de los servicios que prestan los municipios se convierte en un cheque "en blanco" que se da al Gobierno mediante el cual puede quitar competencias a los ayuntamientos, según recogía Ep.
El informe está firmado por el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, Landelino Lavilla, Rodríguez-Piñero, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Fernando Ledesma, Alberto Aza, Manzanares Samaniego, María Teresa Fernández de la Vega, Alonso García y Hernández Gil.
Exige aclarar el coste estandar
El texto es muy crítico con algunos aspectos de la reforma. Advierte de que, a pesar de que la aplicación del coste estándar contiene una función "ablativa" de las competencias municipales, lo único que dice el anteproyecto de ley es que le corresponde al Gobierno fijarlo mediante real decreto. Una remisión ésta que el órgano consultivo del Estado considera "tan amplia y carente de parámetros legales" que "prácticamente puede considerarse como una habilitación en blanco al Gobierno".
Por ello, el órgano recomienda regular "de manera suficiente" la definición de coste estándar precisando algunos "extremos relevantes" para su determinación y el modo en que ha de operar en la práctica. En este sentido, ve necesario que el legislador establezca si el coste estándar es "único para todos los servicios", si variará respecto de cada uno de ellos, o incluso si puede haber varios "costes" predeterminados para un mismo servicio en función de determinados criterios que también deberían identificarse.
Pide contar con más variables
Así, por ejemplo, el Consejo de Estado entiende que, dada la heterogeneidad de la realidad municipal española, deberían tenerse en cuenta variables como la orografía, el clima o la estructura social y económica del municipio, entre toros, y no sólo su tamaño o la densidad de población.
Audiencia insuficiente
Además, cree que el anteproyecto debería concretar otros aspectos "esenciales" para fijar este parámetro y no es suficiente que indique "que deberá oírse a las CCAA y recabarse el informe de la Comisión Nacional de Administración Local"
No regula la evaluación
También se queja de que el texto no incluye una regulación de la evaluación de los servicios municipales y de que, en la medida en que puede desembocar en el "desapoderamiento" de competencias, debería especificar a quién realizar tal evaluación y precisar los criterios.
Dudoso encaje constitucional
Además, expone que la puesta en funcionamiento del coste estándar puede "incidir notoriamente en el desenvolvimiento efectivo de la autonomía municipal y, a la postre, reducir en exceso el ámbito competencial que integra el núcleo duro esencial de esa autonomía constitucionalmente garantizada".
Cuidado con las Diputaciones
En cuanto al traspaso a las Diputaciones Provinciales de las competencias que perderían los municipios por tener un coste de los servicios superior al estándar que fije el Gobierno, el Consejo de Estado advierte de que las Diputaciones son entidades locales de representación indirecta" y recalca que "tampoco se toma en consideración si la Diputación a la que haya de encomendarse dicha prestación se encuentra en situación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".
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