España era en 1996 el país que menos ingresaba de la UE; en un año logró igualar a Reino Unido. Hacienda asume que los tributos rendirán lo mismo hasta 2016, pese a las últimas subidas.
Las rebajas de impuestos que impulsó el expresidente José María Aznar, durante su primer mandato, supusieron 5,2 puntos de PIB más en recaudación gracias a las rebajas de impuestos. Cuando las reducciones de Sociedades e IRPF estaban a pleno rendimiento, en el año 2000, la recaudación llegó al 36,7 por ciento de la producción. España dejó de ocupar, como hacía en 1996, el último puesto de toda la Unión Europea (lo que usualmente se llama presión fiscal). Ahora está en el 31,4, tras elevar los tributos.
Hasta 1996 de poco sirvieron los incrementos de la tributación por rentas del trabajo, y también por IVA, con que el presidente del Gobierno Felipe González y su vicepresidente Pedro Solbes marcaron su última legislatura.
El fisco español estaba entonces en una posición semejante a la actual: lo elevado de los impuestos no impide que se recaude poco. De acuerdo con la Oficina Estadística de la Comisión Europea (conocida como Eurostat) en 2013 Hacienda no obtendrá más allá del 31,4 por ciento del PIB, es decir, menos que Grecia, cuyo registro está un punto por encima. De igual manera, en 1996, la presión fiscal española no lograba superar el 33,7 por ciento.
Tan sólo un año después, ese porcentaje se incrementó en 1,6 puntos porcentuales. En otras palabras, bastó un ejercicio para que España rebasara en capacidad de recaudación a Irlanda y Portugal, entre otros, y llegara a igualarse con la propia del Reino Unido.
¿Qué es lo que marcó la diferencia? El inicio de la recuperación económica, tras la recesión de 1993, la aprovechó el Gobierno para una rebaja ambiciosa del Impuesto de Sociedades a finales de 1996. Así, el tributo que grava a las sociedades vio cómo su tipo máximo para las pymes se vio reducido cinco puntos, hasta quedar situado en el 30 por ciento para los primeros 15 millones de pesetas de beneficios empresariales.
Un 90% de beneficiados
Era un cambio de calado, en la medida en que afectó al 91,1 por ciento del tejido empresarial, según estimó Hacienda por entonces.
No obstante, España aún continuó ganando en lo que se refiere a rendimiento fiscal en los ejercicios posteriores. La OCDE estima que esta variable creció casi tres puntos porcentuales hasta 2000, el último año de la primera legislatura de Aznar.
Fue un avance notable si se tiene en cuenta que, durante el mismo periodo de expansión económica generalizada, la presión fiscal avanzó un 1,2 por ciento en el conjunto de la Unión Europea y un 1,1 por ciento de promedio en la OCDE, el considerado como club de los países desarrollados.
En el caso español, el impulso no provino en exclusiva de Sociedades. En abril de 1998, el Ejecutivo presentó su reforma del IRPF. Tal y como la presentó el vicepresidente Rodrigo Rato, los cambios suponían que "cerca de un millón y medio de españoles dejen de pagar ese impuesto y más de cinco millones no tengan que presentar declaración". El por entonces secretario de Estado de Economía, Cristóbal Montoro, también quiso aportar cifras de un proyecto del que se enorgullecía: "Con la reforma se propiciará una mejora de los salarios, ya que se reducirá la carga fiscal de más de cinco millones de contribuyentes de rentas bajas", dijo el ahora ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Cada uno de ellos pudo notar el incremento del poder adquisitivo en sus bolsillos, mientras, a mayor escala, aumentaba la recaudación que llega a las arcas de Hacienda.
Ausencia de contradicción
El secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Luis del Amo, explica que no son fenómenos contradictorios en la medida en que las rebajas fiscales de aquella época aprovecharon que "hay más gente que entra en el mercado laboral, que está trabajando, y además las bases sobre las que se imponen los tributos son más amplias". "Es por ello por lo que podemos hablar de aumento de la presión fiscal como de un acontecimiento en su conjunto positivo", remarca el experto.
Actualmente, la situación es prácticamente la opuesta: los ciudadanos notan con dureza el impacto de las subidas impositivas, especialmente de las más recientes como la que afectó al Impuesto sobre la Renta, decidida en diciembre de 2011, la elevación del IVA al 21 por ciento a partir de septiembre pasado y, la última en llegar, la que supondrá la eliminación de bonificaciones en el Impuesto de Sociedades, decidida en abril.
Los mismos 'castigados'
Sin embargo, la recaudación continúa estancada en mínimos. Dicho de otro modo: los impuestos únicamente repercuten en una fracción cada vez más pequeña de la sociedad: los escasos ciudadanos que trabajan y están en condiciones de cumplir con sus obligaciones tributarias. Estos últimos, a su vez, es muy probable que hayan visto mermados sus sueldos, como condición para mantener su puesto de trabajo, por lo que las bases imponibles también han menguado.
Con todo, el Gobierno del presidente Mariano Rajoy, a tenor de lo que reflejan sus propias previsiones, parece haberse contentado con lo poco que esas personas puedan seguir dando de sí impositivamente hablando.
No en vano, el Ejecutivo pronostica que la presión fiscal va a continuar prácticamente inalterada, y por lo tanto en mínimos, hasta el año 2016. Basta hojear el Programa de Estabilidad que el Ministerio de Economía remitió a la Comisión Europea, a principios de este mes, para percatarse de que la estimación de ingresos por impuestos con respecto al PIB, se encuentra en el 32,7 por ciento, y apenas diferirá del 32,5 que se espera para 2013.
Puede aducirse que no es descabellado esperar que la economía ya esté creciendo desde antes de 2016 y que, por lo tanto, los términos que se computan a la hora de medir la presión fiscal se verán alterados. Dicho de otro modo, los ingresos pueden que aumenten sensiblemente, pero también lo habrá hecho el PIB, la otra variable que también se tiene en cuenta a la hora de medir la mencionada presión fiscal.
Todavía a distancia
Ahora bien, sorprende que España siga manteniendo tanta distancia con respecto al que es el promedio europeo de recaudación. De acuerdo con las últimas cifras de Eurostat, relativas a 2013, en medio de la peor recesión de toda su historia, el rendimiento medio fiscal de la zona del euro se encuentra en el 39,5 por ciento del PIB. En cuanto a la Unión Europea (UE) en su conjunto, el porcentaje se encuentra en el 38,8 por ciento del total de su producción, también a notable distancia de los estándares de España.
Lo peculiar del caso español es que no hay visos de que las diferencias con respecto a nuestros socios europeos se disipen, y España ingrese más, ni en el largo plazo, si hay que atenerse a los cálculos de los expertos del Ministerio de Economía.
En efecto, el Programa de Estabilidad de este año contenía, como novedad con respecto a otras ediciones, unos pronósticos que se aventuran mucho más lejos en el tiempo de lo que es habitual en este tipo de análisis, hasta 2019.
Por entonces, la presión fiscal española se encontrará en el 33,1 por ciento, todavía mirando de lejos la media europea, y al nivel que presentan actualmente Portugal, Malta o Polonia.
Buscando soluciones
Desde luego, no hay experto que considere que construir un sistema fiscal realmente eficiente constituya una tarea sencilla. Bajar impuestos puede ser una ayuda de peso, pero ni siquiera esta medida es una panacea. "¿Qué fue la deducción de 400 euros por trabajador y pensionista que impulsó José Luis Rodríguez Zapatero más que una bajada de impuestos?", se pregunta Luis del Amo.
Sin embargo, el secretario técnico del Reaf recuerda que apenas se notó en la recaudación ese estímulo por el que se decantó el líder socialista, en los momentos en los que se hizo patente que el PIB español estaba abocado a la recesión (la cual finalmente llegó en 2009). La causa estriba en que, en ese tiempo de incertidumbre, los recursos extra que recibieron los ciudadanos no salieron de sus bolsillos, y por tanto, no desembocaron por vía de la tributación indirecta en las arcas de unas Administraciones que tuvieron que empezar a despedirse de los superávit (de hasta dos puntos porcentuales de PIB) de los que hasta entonces habían disfrutado.
Según Del Amo y otros expertos, otro recurso para aumentar la eficiencia tiene que pasar por la lucha contra el fraude, pero denuncian que, de momento, apenas se ha definido de qué maneras se puede atacar con garantías este problema.
También en el ámbito político empieza a tomarse conciencia de que el sistema fiscal español necesita de un revulsivo desde la base, que acompañe a las rebajas fiscales que puedan hacerse una vez que no haya excusas debidas a la mala situación económica.
En el más reciente Ágora de elEconomista y Ernst & Young, el portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados abogó por llevar a cabo una "reforma integral del sistema fiscal español", que vaya más allá de "parches".
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