La fondos públicos para la formación de los trabajadores han constituido durante años un auténtico maná para las arcas de los sindicatos y también de las patronales. Su enorme cuantía ha requerido de la creación de un organismo específico para su gestión, la Fundación Tripartita (en la que junto a los agentes sociales participa el Servicio Público de Empleo Estatal), cuyo presupuesto ascendió a más de 3.000 millones en 2011 (último ejercicio cerrado), y al que resulta difícil seguir el rastro, una vez repartido.
Por un lado, tanto las centrales sindicales como las organizaciones que representan a las patronales cuentan con estructuras lo suficientemente enmarañadas como para que cualquier auditor encuentre muy difícil orientarse.
En otras palabras, de los casi 300 millones que tanto como Comisiones Obreras y UGT recibieron directamente de la Fundación para organizar cursos, dirigidos tanto a parados como a ocupados, ni un céntimo debería haber acabado en sus propias arcas.
Ahora bien, fuentes conocedoras del funcionamiento de los grandes sindicatos aseguran que hay múltiples maneras para que el dinero entre en el circuito cerrado de estas organizaciones para no salir de él. "Estamos hablando de organismos con muchas ramificaciones, que cuentan con sus propias empresas de formación e, incluso, con profesores propios".
Menos sueldo para el profesor
En consecuencia, es fácil quedarse con parte del dinero haciendo, por ejemplo, que un profesor vea rebajado el sueldo que le correspondería por impartir un determinado curso a un grupo de trabajadores. Lo que no percibe el docente acaba en las manos del sindicato del que depende, apuntan las mencionadas fuentes.
Las patronales han sabido también crear su propio laberinto, un totum revolutum de asociaciones y federaciones que cubren todos los sectores de actividad (desde la conducción de ambulancias, hasta el ladrillo, pasando por las artes gráficas).
Además, resulta difícil controlar que un curso, aun cuando efectivamente se lleve a cabo, lo haga de acuerdo con la calidad que su coste exigiría, el cual no suele ser bajo. Así, las lecciones impartidas por la Fundación Laboral de la Construcción costaron 21 millones de euros.
De hecho, la endeblez de la formación que financia ha llegado a ser un problema para la Formación Tripartita. La gran cantidad de quejas formuladas por empresas que enviaron a sus trabajadores a participar en cursos hizo necesario, recientemente, recurrir a cuestionarios de control sobre la materia impartida para que fueran rellenadas por los alumnos.
Pagan pero no exigen
No en vano las quejas de las empresas no pueden caer en saco roto para los responsables de la Fundación. Dado que la mayor parte (casi 2.000 millones de euros), de los 3.000 que constituyen el presupuesto total del organismo proviene de las cuotas que todas ellas están obligadas a pagar en concepto de formación para sus empleados.
El resto de los fondos percibidos en 2011 tuvo su origen en el Fondo Social Europeo (100 millones de euros) y las aportaciones directas del Servicio Público de Empleo (934 millones).
Se da la circunstancia de que los grandes contribuyentes, las empresas, no es raro que no hagan uso de sus propias cotizaciones por formación, ya sea por desconocimiento o por desinterés. Si éste es el caso, pierden el acceso a ese dinero acumulado, y no queda claro, en las memorias anuales de la Fundación cuál es el destino final que se ofrece a todos esos recursos, finalmente no empleados en formación.
El entramado de las Administraciones públicas españolas tampoco ayuda a poner fáciles las cosas, a la hora de rastrear qué se hace exactamente con el dinero destinado a formación.
No hay un escalón del sector público español que se prive de participar en este tipo de actividades, y, por ello, tanto las comunidades autónomas como las entidades locales tienen sus propios cauces para ofrecer cursos.
Ahora bien, son ellos mismos los que tienen que auditar el destino de cada céntimo, y no siempre lo hacen. Mientras los casi 400 millones que quedaron en manos del Estado en 2011 para elevar la cualificación de los trabajadores españoles sí están sometidos a un estricto control por parte de la Fundación, no ocurre lo mismo los 330 que llegaron a mano de las autonomías, ni siquiera en lo que respecta a la proporción en la que se repartieron entre los agentes sociales.
La falta de control sobre este tipo de fondos por parte de la Administraciones ha generado sonoros escándalos, como el caso Imefe, a principios de la década pasada, en el que se vio involucrado el Ayuntamiento de Madrid, con motivo de una partida millonaria de recursos europeos provenientes de la Comisión Europea destinados a cursos que no se llegaron a impartir en ningún momento.
El 34% de parados no recibió ayudas en 2012