Economía

Cataluña debe 1.390 millones a hospitales, farmacias y entidades sociales

La Generalitat catalana adeuda 1.390 millones de euros a la red hospitalaria concertada, residencias, centros de atención a la salud mental y sociales concertados y farmacias desde primeros de 2012, según han informado este martes patronales de los sector sanitario y social y el Consejo de Colegios de Farmacéuticos y la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria de Cataluña (Fenin).

Ante los retrasos y los impagos en la facturación a las entidades proveedoras concertadas, las entidades han subrayado que "los sectores de la salud y de atención a la dependencia constituyen un pilar fundamental para el Estado del Bienestar y la cohesión social, y prestan unos servicios básicos y esenciales a los ciudadanos".

También han destacado el "modelo de éxito" catalán en cuanto a la red de atención a la dependencia, mediante entidades colaboradoras, concertadas, que reúnen a asociaciones sin ánimo de lucro públicas y privadas y profesionales autónomos en el caso de las farmacias.

La mayor parte de la deuda, 840 millones de euros, es del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) a los hospitales concertados, a los que debe el 35% del mes de febrero del año pasado --que debían cobrar en mayo--, el 100% del de abril --cuyo cobro se esperaba para julio--, el 40% del de agosto --que debían recibir en octubre-- y el 25% de octubre --para primeros de este año--.

Las entidades sanitarias han lamentado, además, que los pagos se han pasado a pagar de 90 a 150 días, mientras que la Consejería de Bienestar Social y Familia debe 280 de euros a las entidades sociales, de los que 70 corresponden a la mensualidad impagada en julio.

La factura farmacéutica impagada asciende a 270 millones de euros, después de que el CatSalut abonara a mediados de este mes un 30% del pago de la factura pendiente de 108,6 millones de euros correspondiente al mes de enero, y espera pagar a finales de este mes el resto de la mensualidad, a la espera de liquidar otros dos meses pendientes.

Las entidades calculan que los retrasos suponen un "coste financiero" de 38 millones en carácter de intereses, a los que se debe sumar los 106 millones en costes suplementarios de aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto al IVA aplicable a material sanitario y equipamiento médico.

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