El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas recurrirá ante el Tribunal Constitucional si el Gobierno vasco toma la decisión de abonar la paga extraordinaria de Navidad a los funcionarios.
En términos similares se manifestó el pasado viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaria, después de que Extremadura también anunciara su intención de pagar la extra a sus funcionarios. Finalmente, la comunidad reculó y anunció que adelantaría la extra de verano a enero.
En un comunicado, Hacienda señala que de aprobarse una resolución o disposición contraviniendo lo dispuesto en la ley "podrá recurrirse ante el Tribunal Constitucional, por tratarse del incumplimiento de una normativa básica estatal".
Desde el departamento de Cristóbal Montoro subrayaron que "adoptar una decisión de estas características, obviando la normativa básica de aplicación directa y prevalente sobre las normas autonómicas anteriores contrarias a aquella, supone una clara vulneración del orden constitucional".
Podría ser prevaricación
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas también ha asegurado que el Gobierno vasco podría incurrir en un delito de prevaricación, por tomar una decisión "a sabiendas de que es una injusticia". El Real Decreto Ley 20/2012 prohibió el abono de la segunda paga extra de este año para los funcionarios públicos de todo el país, sin excepciones, dentro de las medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria.
El departamento que dirige Cristóbal Montoro responde así al anuncio que ayer hizo el Ejecutivo vasco, su intención de abonar esta paga de Navidad porque así lo recogen los Presupuesto vascos de 2012. Argumentaba que esta norma no se modificó tras el citado real decreto y que, por tanto, está en vigor y debe cumplirse.
Hacienda explica de entrada que si se aprueba una resolución o disposición "contraviniendo" la prohibición de pagar la extra, el asunto podría terminar en el Tribunal Constitucional, al entender el Estado que la administración vasca incumple una normativa básica estatal.
"Adoptar una decisión de estas características, obviando la normativa básica de aplicación directa y prevalente sobre las normas autonómicas anteriores contrarias a aquella, por tanto, supone una clara vulneración del orden constitucional", se asegura desde Hacienda.
Pero además, se agrega que tanto si se dicta esa resolución por parte del Gobierno vasco para "dar cobertura a esta infracción del orden constitucional" como si, de hecho, se ordena el abono a los funcionarios de la extra, se podría incurrir en un delito de prevaricación, "cuyo supuesto de hecho consiste en dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo por parte de autoridad o funcionario público, a sabiendas de su injusticia".
El Gobierno vasco, que se encuentra en funciones, ha acordado abonar la paga extra de diciembre a sus alrededor de 67.000 empleados públicos, lo que supondrá un desembolso de 207 millones de euros, ya que un informe jurídico del ejecutivo afirma que debe cumplir su ley de Presupuestos en vigor y que lo contrario sería una decisión "no ajustada a derecho".
El Gobierno Vasco pagará la extra a sus funcionarios