No hay comparación posible en ninguna otra parte de España. El Ayuntamiento de Madrid suma 255 coches oficiales, el doble de los que sumará el parque móvil de toda la Administración General del Estado después de que el Gobierno anunciara ayer que se quedará en dos años sólo con 103, un 53% menos respecto a los 307 que hay ahora.
Entre las grandes ciudades, la segunda posición por número de vehículos oficiales es para Sevilla con 22 y la tercera para Barcelona con 20. Pero es que hay casos, como el de Bilbao, que tiene 5; Valencia, donde sólo hay 2 o La Coruña, que ya no conserva ninguno. "Madrid es un ayuntamiento muy grande y hay que tener en cuenta además a las juntas de distrito. Es un número proporcional al tamaño y además hace un par de años había 395, con lo que se ha reducido un 35% el número total", explica un portavoz oficial del Ayuntamiento.
Las cifras de Madrid contrastan, sin embargo, con lo que se está haciendo en el resto del país. En conjunto, el Gobierno se desprenderá en los próximos dos años de 204 coches oficiales para ahorrar 10,5 millones de euros, según explicó ayer la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría.
La reducción, que se hará de forma progresiva, llega en el caso de altos cargos -presidente, ministros, secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales- al 66%. Y afecta también a las autoridades de órganos constitucionales, a los servicios de Justicia y a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, pero que no entra, sin embargo, en la raíz del problema.
A pesar de esta reducción, y aunque no hay cifras oficiales, se calcula que en España podría haber todavía más de 20.000 vehículos oficiales, contando las empresas públicas. Los ayuntamientos sumarían unos 11.000; las comunidades autónomas 9.200, y las mancomunidades, cabildos y otros organismos 300 más. Es cierto que los grandes municipios han ajustado severamente su flota, pero otros de pequeño o mediano tamaño no sólo no han recortado sino que siguen además incrementándola.
Al margen de Madrid, Barcelona ha pasado de 30 a 22 tras sucesivos ajustes. En el ayuntamiento de la ciudad condal insisten en que se ha cambiado, además, de un sistema de alquiler a uno de renting, que les permitirá ahorrar un 15 por ciento. El consistorio de la capital catalana cuenta con un presupuesto a dos años de 889.439 euros para este servicio.
Sevilla ha reducido también -de 50 a 25- el número de su parque respecto al que había a junio de 2011, cuando el PP llegó a la alcaldía. Lógicamente, el gasto también se reducirá en consecuencia en unos 900.000 euros durante todo el mandato (hasta 2015) al pasar de tener 31 a 16 chóferes. Algunos ayuntamientos han ido incluso más allá, como el de Málaga, que se ha quedado con 8 de los 23 que tenía; Valencia que ha pasado de 20 a 2 o el de La Coruña, que tenía 7 y no conserva ya ninguno.
Otros, como el de Bilbao, no los han reducido, pero mantienen aún así una cifra pequeña: cinco. En el lado opuesto están los municipios más pequeños. El pasado julio, el Ayuntamiento de Castellón aprobó el arrendamiento de un nuevo vehículo de alta gama para el alcalde, que tendrá un coste de 60.000 euros. Un mes antes, la alcaldesa de Fuengirola (Málaga), Esperanza Oña, ejerció la opción de compra de un segundo vehículo por 54.000 euros, que se suma a los 108.000 que el Ayuntamiento se gastó ya en un Peugeot 607. El alcalde de Macael (Almería) se gastó en mayo 19.000 euros en un coche, a pesar de la delicada situación de las arcas municipales y en Benidorm (Alicante), ex asesores del Ayuntamiento siguen usando vehículos oficiales pese a no trabajar ya en el Consistorio.
Más 'poda' administrativa
Medidas de ahorro como la de los coches oficiales son las que deberá alumbrar la comisión de reforma integral de la Administración, que según anunció ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se convocará cuando "pase el calendario electoral" y queden constituidos los gobiernos autonómicos. Esta comisión, dependiente del Ministerio de Hacienda y donde estarán representados todos los ministerios, la presidirá el subsecretario del Ministerio de Presidencia, Jaime Pérez Renovales.
Según detalló la vicepresidenta, habrá cuatro grupos de trabajo que identificarán duplicidades, analizarán la simplificación administrativa, la gestión de servicios y los medios comunes. La reforma integral de la Administración tiene como fin mejorar su eficacia, evitar duplicidades y disminuir la burocracia.
Tijera a los coches oficiales: ahorro de 10 millones
