"La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -la primera favorable a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en un ayuntamiento de España- respalda la política económica y organizativa de nuestro equipo de gobierno". Así de rotundo se expresa el alcalde popular del municipio malagueño de Estepona, José María García Urbano, sobre el que es el primer ERE que cuenta con el visto bueno judicial en una Administración Pública en España. Un caso que sienta doctrina para otros procesos en curso o en ciernes en otros lugares del país.
El fallo de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) considera "ajustada a derecho la decisión extintiva de la relación laboral de 176 trabajadores", y "absuelve al Ayuntamiento de las pretensiones deducidas en su contra" en las demandas planteadas por el comité de empresa del Ayuntamiento y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y ATAE.
Déficit de recursos
Según el alcalde, este expediente se inició por causas organizativas y económicas y el TSJA ha avalado que existían ambas. El regidor argumentó que la insuficiencia presupuestaria en la que se encontraba el Ayuntamiento, "con una deuda cuando accedimos al gobierno de 300 millones de euros, se vio agravada con la obligación legal de aprobar un plan de ajuste -que fue informado favorablemente por el Ministerio de Hacienda- y que decía que había que bajar el gasto de personal en seis millones de euros".
"Tras once reuniones infructuosas con los sindicatos, acordamos esta reducción del número de empleados, que permite pese a todo que los ciudadanos sepan que su Ayuntamiento funciona y que sus impuestos sirven para que los empleados municipales cobren y se presten servicios", explica.
"Mostramos nuestra satisfacción porque el trabajo está bien hecho y porque el esfuerzo económico y organizativo del Ayuntamiento está dando resultados, los tribunales nos han avalado, en su momento la Inspección de Trabajo informó favorablemente y ahora los tres magistrados de la Sala de lo Social del TSJA, por unanimidad y sin ningún voto particular, dictaminan que se desestiman las demandas de los sindicatos y que se estiman las causas organizativas y económicas que se habían argumentado por parte del Ayuntamiento", puntualiza el regidor, notario de profesión.
El coste de la plantilla suponía para el Ayuntamiento en torno al 90 por ciento de los ingresos, con la existencia de 1.362 empleados, de los que una parte prestaba servicios de forma indirecta. En la actualidad, la plantilla municipal se sitúa en 781 personas.
No al alza fiscal
El alcalde reconoce no obstante: "Llevar a cabo despidos dentro de la plantilla ha sido la decisión más dolorosa para el equipo de gobierno y se abordó después de agotar y negociar con los sindicatos todas las vías posibles durante múltiples reuniones. Nos hubiera gustado cualquier tipo de medida antes que los despidos, pero no se aceptaron fórmulas alternativas, ni una bajada de sueldo, y al final no quedó más remedio que acudir a este despido". "El equipo de gobierno estuvo abierto a todas las alternativas procedentes de los sindicatos que fueran viables y que lograran aminorar en seis millones de euros el gasto de la plantilla; si bien, sus propuestas reales se quedaron muy lejos de este objetivo, planteando aspectos que eran inviables", añadió.
El primer edil dejó claro, además, que "este equipo de gobierno se negó rotundamente, y se va a seguir negando, a que la solución a los problemas económicos del Ayuntamiento era subir los impuestos".
"Nuestro compromiso muy claro es el de no subir los impuestos e ir bajándolos paulatinamente y la prueba es que ya hemos anunciado una bajada de la presión fiscal para 2013", resaltó.
Despidos colectivos en las administraciones